La diputada nacional y secretaria de Sanidad y Servicios Sociales del PSOE de Toledo, Guadalupe Martín, ha pedido al director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependencia, Juan José García Ferrer, que dimita por «poner en entredicho» y desconfiar de la labor de sus profesionales.
Martín, en declaraciones a Efe, ha contestado a las afirmaciones de García Ferrer sobre que el Gobierno regional estaba eliminando «la picaresca» que había en los listados del sistema de dependencia en los que el anterior Ejecutivo mantuvo a más de mil fallecidos.
Si ya es grave que ponga en entredicho a los propios dependientes y a la Plataforma de la Dependencia, aún es «más doloroso», a su juicio, que lo haga con los profesionales. «No se pueden decir mentiras», ha añadido.
Según Guadalupe Martín, «lo único que ha habido son noticias nefastas de recortes, mes a mes», con la priorización de las valoraciones de los que ya lo estaban «con la única intención de bajar su grado y que ha hecho que miles de personas se quedan fuera del sistema de atención a la dependencia».
Ha explicado que se tiene que seguir pagando, aún cuando hayan fallecido, «porque los herederos tienen reconocido el derecho» a pagar atrasos desde el momento que se produce la solicitud y que eso, además, «no se puede cambiar».
Sobre la inclusión de hasta 1.200 identidades falsas ha sido tajante: «eso no puede ocurrir» porque lo detectaría el sistema informático que maneja la Junta y «si no lo conoce que pregunte a los técnicos y deje esa desconfianza permanente hacia sus propios funcionarios».
Ha aclarado, al respecto, que un fichero del Instituto Nacional de Estadística (INE) llega directamente a la Consejería «por lo que, difícilmente, puede haber datos falsos en todo el sistema».
Sobre supuestos pagos indebidos, ha expresado que García Ferrer «debe conocer que hay un protocolo para el cobro de pagos indebidos, que se aplican en el mismo momento en que se detecta», y que, por eso, es imposible que sean 600.000 euros en la provincia de Toledo.
«Además, sí hay pagos indebidos que los resuelva y los reclame, porque sabe que hay muchos expedientes abiertos», ha concretado.
Tras recordar que hay más 4.000 familias esperando ser valoradas y más de 12.000 esperando recibir un servicio, ha opinado que «no es de recibo que no confíe en los trabajadores» y le ha recomendado, que «si no está a gusto sabe perfectamente el camino para irse».
«Lo que tiene que hacer es dimitir, asumir sus responsabilidades por la pésima gestión de dependencia que esta haciendo y reconocer la labor que hacen los muchos profesionales que están trabajando y que él ha despedido y que lo que ha supuesto es deteriorar claramente el sistema de atención a la dependencia».