Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado hoy, con el voto en contra del PP, la enmienda a la totalidad presentada por el grupo socialista a la reforma de la ley de Ordenación Farmacéutico de la región, que considera que la norma no garantiza la viabilidad de la farmacia rural a medio plazo.
Éste ha sido el primer punto del orden del día del pleno de las Cortes, el primero que se celebra este año, que por primera vez ha habilitado enero como mes hábil en el parlamento regional.
La modificación de la norma en vigor ha sido defendida por el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, que ha calificado de «importante y necesaria» esta reforma y ha pedido a los socialistas que retiren la enmienda a la totalidad y eviten el «ridículo» de defenderla, ya que la ha tachado de «agravio a los farmacéuticos».
Echániz ha incidido también en que la actual norma en vigor debe ser reformada por «razones normativas y legales», pues ha recordado que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos preceptos de la ley farmacéutica aprobada por el anterior Gobierno regional.
El consejero ha desgranado las principales novedades de esta modificación, como a creación de una Comisión Regional del Uso Racional del Medicamento, la introducción de incentivos para la farmacia rural, el impulso de la figura del «farmacéutico adjunto» y que las farmacias más cercanas sean las que presten servicios a las residencias de mayores de la zona.
Asimismo, ha resaltado que los farmacéuticos han sido «parte activa» en la elaboración de esta modificación.
En términos generales, Echániz ha resaltado que la reforma de la ley de farmacia «pretende ser una pieza fundamental» en la reforma del sistema de salud de Castilla-La Mancha que además «apoya al ámbito rural, donde las farmacias presentan un servicio imprescindible».
En cambio, el diputado socialista Fernando Mora ha pedido al Gobierno regional que retire la modificación de la ley, ya que ha sostenido que el texto que se propone es «fragmentado e inconexo» que «sólo genera inseguridad jurídica a los operadores del sector», al tiempo que ha advertido de que no garantiza la viabilidad de la farmacia rural a medio plazo ni vela por el interés general.
Para Mora, otro de los motivos por los que se debe retirar la reforma es porque modifica 32 de los 93 artículos, lo que a su juicio supone «una mala práctica jurídica», pues ha defendido que lo más correcto sería elaborar una nueva ley, ya que la que resultará de estos cambios será «un parcheo farragoso».
Asimismo, ha reprochado que el texto no aporta mejoras para la sostenibilidad de la prestación farmacéutica, ya que «modifica los criterios de distribución y dispensación más allá de lo establecido en la legislación básica, sin que este quehacer redunde en una minoración efectiva del gasto farmacéutico».
Por ello, ha pedido al Gobierno regional que acepte su enmienda a la totalidad, retire el proyecto de ley, estudien el asunto y «cuando tengan los estudios previos sobre la viabilidad futura de su proyecto de ley» se estudie con los colegios de farmacéuticos.
«Hagamos una ley que tenga también en cuenta a los usuarios, a las zonas rurales, y que tenga como virtud el ser buena para todos los castellanomanchegos», ha propuesto el diputado socialista.
Por su parte, el diputado del PP en las Cortes Carlos Velázquez ha opinado que el único argumento aportado por los socialistas para presentar esta enmienda a la totalidad ha sido «el no por el no» y les ha afeado que primero presenten una enmienda a la totalidad y, luego nueve enmiendas parciales.
A su juicio, este número de enmiendas supone que los socialistas están de acuerdo con la mayoría de las modificaciones parciales propuestas por el Gobierno regional y que -ha insistido- han estado «consensuadas y trabajadas» con los profesionales del sector.
«Los únicos que han sido un peligro para el interés general han sido los socialistas», ha espetado Velázquez a la bancada contraria, para a continuación defender la política farmacéutica y sanitaria impulsada por el Ejecutivo autonómico.
«Castilla-La Mancha es la comunidad referencia en política farmacéutica, es un ejemplo para el resto de España», ha apostillado Velázquez.