El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado hoy, con los votos en contra del PSOE y Podemos, la resolución presentada por el PP para establecer alternativas que permitan aplicar la jornada de 35 horas de los empleados públicos dentro de la legalidad, pese a la vuelta de las 37,5 horas.
La resolución ha sido votada tras el debate general celebrado a propuesta del grupo parlamentario popular, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya declarado inconstitucional la jornada de 35 horas semanales aprobada por el Gobierno de Castilla-La Mancha porque es contraria a la normativa establecida en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, que continúa vigente.
En su resolución, el PP solicitaba convocar con carácter urgente la Mesa de la Función Pública para acordar con los sindicatos propuestas relacionadas con la distribución del tiempo de trabajo para recuperar las 35 horas.
Como alternativas proponía, entre otras, cubrir el aumento de la jornada laboral con formación online o implantar el «solape» en el caso del personal sanitario, un tiempo que el profesional invierte prolongando su jornada laboral para el intercambio de información clínica de los pacientes durante los relevos de turnos con objeto de garantizar la continuidad asistencial.
Sin embargo, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha advertido de que el PP propone «trampas» y «parches», y ha apostado por reclamar que el Gobierno de España modifique la ley estatal para que «el número de horas de la jornada laboral pueda ser definida por cada comunidad autónoma en el uso de sus competencias».
Por su parte, los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos no han presentado ninguna propuesta de resolución tras el debate.
Ruiz Molina ha detallado 30 cumplimientos de compromisos electorales del Gobierno de Castilla-La Mancha con los empleados públicos y ha defendido el diálogo social restablecido con los sindicatos.
«Para que los sindicatos discrepen hay que estar reunidos con ellos, hay que aguantar en algunos casos golpecitos en la espalda y otras veces el chaparrón», ha aseverado el consejero, quien ha advertido de que no cumplir la sentencia del TC «se llama desacato» y ha considerado que «ahora todos» son «muy listos», pero el PP se abstuvo en la votación de la ley que fijaba la reducción de la jornada laboral y no voto en contra, pese a decir ahora que es ilegal.
También ha criticado que el PP diga que «tuvieron que exigir muchos esfuerzos a los funcionarios, cuando algunos que los exigían cobraban sobresueldos del propio partido».
Por otra parte, ha dicho a la presidenta del grupo popular, Ana Guarinos, portavoz de su partido en este debate, que le gustaría que «alguna vez tuviera un buen día» porque, a su juicio, siempre que ha debatido con ella en el Pleno o en comisión «parecía un ogro».
También ha dicho a los «populares» que «tienen una caradura impresionante» y un «alto de nivel de morro», ante lo que el presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, le ha interrumpido para pedirle que moderara «el uso de esos adjetivos».
«Si he faltado al respeto pido disculpas», ha respondido el consejero, quien ha explicado que su intervención se ha ajustado a la que ha realizado previamente Guarinos.
Por su parte, la portavoz del PP ha afirmado que quienes «pusieron en peligro los servicios sociales básicos y el empleo público» fueron los gobiernos socialistas y, en este sentido, ha apuntado que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero bajó el sueldo de los funcionarios un 5 por 100.
«Les hicieron pagar por partida doble, como ciudadanos y como empleados públicos, el desastre de despilfarro durante años de los gobiernos del PSOE en Castilla-La Mancha», ha añadido Guarinos, quien ha recordado que los sindicatos tacharon de «decepcionante» la reunión mantenida con el consejero tras el fallo del alto tribunal.
Con todo, ha pedido al Ejecutivo autonómico poner en marcha alternativas para rebajar la jornada laboral, lo que ha dicho que se hace en el Ayuntamiento de Guadalajara y en la Diputación guadalajareña, ambas gobernadas por el PP.
Por su parte, el portavoz de Podemos, David Llorente, ha afirmado que «no queda más remedio que acatar la sentencia», aunque ha advertido de que no la comparten, al igual que tampoco lo hacen «varios de los magistrados del Tribunal Constitucional que emitieron votos particulares».
Con ello, también ha apostado por adoptar medidas alternativas provisionales y ha apostado por exigir un cambio de la normativa a nivel estatal, pero ha advertido de que «para ello hay que echar a Rajoy«.
«Si quieren dejar de hacer el paripé, vayan a Madrid y apuesten por un cambio de gobierno y un gobierno del cambio, no un gobierno del PP-naranja. Si están dispuestos a esto cuentan con nosotros, sino no pretendan que colaboremos con su engaño», ha aseverado.
Por su parte, el portavoz del PSOE en las Cortes, Rafael Esteban, ha recordado al PP que «cuando el señor Rajoy decidió aplicar las 37,5 horas», ellos «no les pusieron a los empleados públicos ninguna medida alternativa».
También ha solicitado a los «populares» que «cambien el rol de chivatos al Gobierno» y que «se pongan de verdad del lado de quienes están pidiendo que se tomen medidas efectivas».