La portavoz regional del PP, Carmen Riolobos, ha exigido hoy al presidente de Castilla-La Mancha que de explicaciones «por su responsabilidad política» en el «escándalo» por la tramitación del Plan de Actuación Urbanística (PAU) de la urbanización El Quiñón de Seseña en 2003.
Riolobos ha valorado en rueda de prensa en Talavera el proceso judicial que se sigue en la Audiencia Provincial de Toledo contra el exalcalde socialista de Seseña, José Luis Martín, para el que la Fiscalía pide cuatro años de prisión por un presunto delito de blanqueo de capitales por más de dos millones de euros.
La portavoz «popular» ha asegurado que los hechos que se están juzgando se corresponden con «el urbanismo más salvaje promovido y amparado por el gobierno de José Bono, estando García-Page como consejero en aquel momento» que, en su opinión, «dio un trato especial a los que tenían amigos en las altas esferas», como es el caso de Francisco Hernando «El Pocero».
«Este plan se tramitó de forma veloz y en plena campaña electoral, antes de que el exalcalde ahora procesado perdiera las elecciones», ha apuntado Riolobos, quien ha añadido que gracias a las declaraciones de los testigos se ha conocido que el PAU fue aprobado sin tener el plan especial de infraestructuras y el estudio de evaluación de impacto ambiental.
Según la portavoz popular, esa etapa de urbanismo coincidió «con un enriquecimiento especial y de obras en la hípica de Bono muy sospechosas» porque, ha precisado, «algunas de ellas fueron realizadas por una empresa vinculada a ‘El Pocero'».
En este sentido, ha aseverado que, tras perder las elecciones el exalcalde socialista, García-Page se reunió con el nuevo alcalde de Seseña, Manuel Fuentes (IU), para decirle que agilizara los trámites de esa «macrourbanización» a cambio de recibir «un trato de ayuntamiento socialista», según se desprende de las denuncias presentadas por IU ante la Fiscalía anticorrupción.
También Riolobos ha indicado que hay dos informes «demoledores» desde el punto de vista de la responsabilidad política, uno del Tribunal de Cuentas del año 2010, que censuraba la actuación del Gobierno de Bono «por incumplir las funciones de control y vigilancia en el Urbanismo de Castilla-La Mancha».
El segundo de la Intervención General del Estado, que determinó que el comportamiento de la Junta en ese momento fue «un auténtico desatino que sólo se explica por la clara dejación de funciones o por la protección de intereses ilegítimos».
Por todo ello, la portavoz del PP ha reiterado que el actual presidente de la Junta debe dar explicaciones al respecto y ha lamentado que Podemos esté apoyando a un gobierno que, a su juicio, «representa la etapa más negra de la corrupción urbanística en Castilla-La Mancha».