El exalcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez Bódalo, declarará como imputado por la gestión de la empresa municipal Aguas de Alcázar el próximo 14 de abril en el juzgado de instrucción número 2 de la localidad, según ha informado hoy el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Ángel Puente.
Tras un año de diligencias, el exalcalde socialista y anterior responsable de la empresa, José Fernando Sánchez Bódalo, tendrá que «explicar cómo arruinó a Aguas de Alcázar, cómo adjudicaba obras a dedo, cómo dividía una obra en varias fases pequeñas para saltarse los procedimientos de adjudicación y cómo generó ese desfalco al Ayuntamiento que derivó en un agujero de ocho millones de euros», ha explicado en nota de prensa.
Para Ángel Puente, el PSOE ha demostrado un enorme nerviosismo que le ha llevado a servirse de las plataformas ciudadanas para tomar la calle, sabiendo que «pronto iba a culminar el proceso judicial y sería llamado a declarar como imputado» el que fuera alcalde de Alcázar durante doce años.
«Tenían que caldear el ambiente para acabar con el actual equipo de Gobierno en marzo y tratar de impedir que los vecinos se enterasen de cómo ha sido la gestión socialista en el Ayuntamiento y de que ahora hay un Gobierno municipal que defiende los intereses de los vecinos frente a un PSOE que defiende intereses partidistas, que no sabe quién es su líder», ha subrayado.
Puentes también se ha referido a la imputación de Sánchez Bódalo por CCM, por Aguas de Alcázar y a su sanción por «la ocupación ilegal del Ayuntamiento» el pasado mes de febrero.
Frente a todo lo ocurrido, el portavoz municipal ha afirmado que el equipo de Gobierno «ha salido reforzado de esta crisis porque la guerra de guerrillas del PSOE no le ha servido para nada» y se ha preguntado cómo van a explicar ahora a los vecinos que las informaciones agoreras que han estado transmitiendo sobre Aguas de Alcázar no se cumplen».
Además, ha subrayado que «el PSOE ha perdido el órdago que ha lanzado al equipo de Gobierno» y ha pedido a los socialistas que abandonen sus «campañas de acoso, insultos y amenazas», que han llegado ya incluso a una trabajadora municipal y a su hija por parte de una representante de las plataformas de la sanidad y el agua.