La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales ha logrado reducir desde 2011 la lista de espera de personas dependientes en un 33 por 100, lo que supone que hoy hay 5.000 personas menos esperando recibir un servicio, de las 14.989 que había hace tres años.
Así lo ha reiterado la Junta en una nota tomando como referencia los datos del último informe preliminar del Tribunal de Cuentas, en respuesta a las críticas vertidas por el PSOE, que ha afirmado que, según el Observatorio Nacional de la Dependencia, durante 2013 «pudieron fallecer» en Castilla-La Mancha 3.500 personas en situación de dependencia esperando recibir una prestación, una ayuda o un servicio.
Según la Junta, el Tribunal de Cuentas reconoce además que el tiempo medio para tramitar un expediente en Castilla-La Mancha se ha reducido en 54 días respecto a lo que se empleaba en el período 2007-2011, de modo que, en la actualidad, el tiempo medio de espera para tramitar un expediente de dependencia en la región es inferior a la media nacional.
La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales «lamenta que se esté utilizando el dolor de las personas con dependencia y el de sus familias para hacer política».
Y recuerda asimismo que los únicos datos oficiales sobre el sistema de la dependencia los hace el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, en el que se integran todas las comunidades autónomas, o por delegación de éste, el Imserso.
Por otra parte, el director general de Mayores Personas con Discapacidad y Dependientes, Juan José García Ferrer, ha asegurado en Cuenca que la Junta ha creado 51 nuevas plazas residenciales para atender a personas con discapacidad durante los años 2012 y 2013.
García Ferrer ha mantenido un encuentro con miembros de las asociaciones del ámbito de la discapacidad, a los que ha reiterado el compromiso del Gobierno regional con la atención a las personas con discapacidad.
Entre ellas, García Ferrer ha adelantado que la residencia para personas con discapacidad intelectual de San Clemente (Cuenca) va a contar con ocho nuevas plazas.
En este sentido, García Ferrer ha destacado que la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales cuenta a día de hoy con un total de 1.935 plazas de atención residencial, de las que 501 son plazas en viviendas, 628 en residencias y 806 en centros para discapacitados gravemente afectados (Cadig).
El director general ha subrayado que, prueba de este compromiso es que el Gobierno regional dedica cada año 14.000 euros por cada persona que reside una vivienda; 20.000 euros anuales por cada persona que está en una residencia y 35.000 por cada una de las personas que reside en un Cadig.