La Comisión de Transparencia de Castilla-La Mancha, órgano previsto en la ley de Transparencia y Buen Gobierno que entró recientemente en vigor, se ha constituido hoy y se encargará de abordar el calendario de desarrollo reglamentario del texto legislativo.
El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha presidido hoy la constitución de este órgano en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede de la Presidencia regional.
Al acto, han acudido los secretarios generales técnicos de las consejerías, representantes de la Consejería de Hacienda, de la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno, y de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Junta.
En concreto, la Comisión de Transparencia fijará el calendario para desarrollar «tres cuestiones fundamentales«, una de ellas el decreto que regulará «todo el tema de los lobbies» y que tendrá que estar listo en el plazo de seis meses, ha explicado Martínez Guijarro en declaraciones a los periodistas.
El segundo asunto es el «relacionado con la puesta en marcha del nuevo portal de transparencia» en el que ha dicho que el Gobierno autonómico ya está trabajando con la previsión de que esté listo «a finales de marzo o principios de abril».
Un nuevo portal en el que se publicarán «las agendas de trabajo de todos los altos cargos del Gobierno regional, así como la información de las cuentas abiertas», aspectos recogidos en la ley de Transparencia y Buen Gobierno.
En tercer lugar, se tratará «la puesta en marcha de las unidades de transparencia, aquellas unidades administrativas que en cada una de las consejerías van a atender los requisitos de información que trasladen los ciudadanos».
Por otra parte, Martínez Guijarro ha desvelado que las Cortes de Castilla-La Mancha están trabajando en la elaboración del reglamento para poner en marcha el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para lo que cuentan con un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el pasado mes enero.
La Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha fue aprobada por unanimidad en las Cortes regionales el 15 de diciembre de 2016 y tiene por objeto regular e impulsar la transparencia de la actividad pública, en su vertiente de publicidad activa, así como el derecho de acceso de las personas a la información y documentación públicas.