El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha avanzado este miércoles en Toledo que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, se va a reunir con más de 20 asociaciones, colectivos, empresas y jóvenes, junto con los consejeros de vivienda en las comunidades autónomas gobernadas por el PP; para hablar sobre la situación actual de crisis de esta área.
El también viceportavoz de Cultura y Sociedad Abierta del PP lo ha adelantado esta mañana en declaraciones a los medios de comunicación previas a la visita al Museo Sefardí de la ciudad, en las que ha asegurado que «aunque la actualidad política nos lleve a hablar de la corrupción» del Gobierno de España, desde el PP «vamos a seguir tratando de hablar de los problemas que afectan a los ciudadanos».
Así, el líder del partido a nivel nacional va a hablar con el sector de la vivienda y «con quienes tienen el poder autonómico para poder revertir la grave situación», ha apuntado el portavoz.
Estudiarán el acuerdo entre Gobierno y Junts antes de posicionarse
Borja Sémper ha asegurado que el Partido Popular va a estudiar «hasta la última coma» del acuerdo firmado por el Gobierno y Junts para la aprobación de un Real Decreto con medidas sociales tras la caída del decreto Ómnibus, y que tras esa revisión comunicará la posición del partido, aunque ha dicho les da «tranquilidad» que el alza de las pensiones se recupere con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
Ha recordado que su partido ha ofrecido al gobierno un acuerdo con apoyo «gratis» basado en tres materias «fundamentales»: la revalorización de las pensiones, las ayudas a los afectados por la DANA y los descuentos al transporte, oferta que «sigue vigente», ha incidido.
Ha recriminado que el Gobierno central haya preferido pactar con Junts «aún a costa de pagar un alto peaje, que significa también que se vaya a someter a una cuestión de confianza«.
Preguntado por las declaraciones de este martes del líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en las que se mostraba abierto a «explorar»»un acuerdo de PP, Vox y Junts para sacar adelante una moción de censura que «eche» al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; Sémper ha reconocido que aunque la moción «es más importante que nunca (…) sabemos matemáticas y no nos dan los números», pero ha matizado que desde su partido «no vamos a hacer cosas raras» sino «proponer medidas a favor de los ciudadanos».
En este contexto, Sémper ha confirmado que su formación habla con todas las que tienen representación en el Congreso de los Diputados «salvo EH Bildu» con el objetivo de «recabar sus votos e impulsar las medidas que consideramos que son buenas para los españoles» porque «queremos que los españoles tengan una alternativa que dibuje una España mejor a través de un mejor gobierno» y ha añadido: «Si a esto se suman otros partidos serán bienvenidos».
Repreguntado sobre qué significa ese «no vamos a hacer cosas raras», Borja Sémper ha dicho que son «no viajar fuera para conseguir el voto de Puigdemont y renunciar al compromiso con los españoles para mantenerse en el poder».
El portavoz del PP, Borja Sémper, junto al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en su visita este miércoles a la ciudad. Foto: ENCLM/Rebeca Arango.
Tras la declaración del fiscal: «Sorprendentemente solo ha respondido a su abogado»
Por otro lado, Sémper ha criticado que tras la declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo, no se ha preservado «la dignidad de la institución» y ha señalado que «sorprendentemente solo ha respondido a las preguntas de su abogado».
El portavoz ha apuntado que «lo que llama la atención» es que haya comparecido «como fiscal general del Estado y no como un ciudadano independiente» porque «quien tiene la responsabilidad de perseguir el delito en España está siendo investigado por la comisión de un delito penal».
En su declaración, García Ortiz ha negado que filtrara correos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y ha explicado que suele borrar contenido del móvil -que ha cambiado seis veces en los últimos años- por seguridad y por ser una obligación legal al tener información sensible.
Para el portavoz del PP, «el fiscal debería de haber estado por encima de sus intereses personales y de los intereses del Gobierno» y «haber preservado la dignidad de la institución» dimitiendo antes de declarar.
Además, ha acusado al Gobierno de España de dañar la credibilidad de la institución «apoyando al fiscal general del Estado en su puesto».