Los sindicatos con representación en la Mesa General de la Función Pública –Intersindical, CCOO, UGT, CSIF y FSES– han avanzado movilizaciones para este miércoles, 18 de diciembre, en todas las capitales de provincia para forzar al PSOE a retirar la enmienda que ha presentado al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha y que va a permitir la «consolidación» del grado de los altos cargos y el «deterioro» de los servicios públicos de la región.
Según los sindicatos, dicha enmienda se aplicará con efecto retroactivo lo que supone que cualquier funcionario que haya desempeñado uno de esos altos cargos desde 2007 pasaría a consolidar el nivel máximo al que se puede llegar en la Junta.
Así lo han explicado a los medios los portavoces de las cinco organizaciones, antes de registrar en las Cortes un escrito en el que reclaman al Grupo Parlamentario Socialista la retira de dicha enmienda. De igual modo, han exigido al Gobierno regional que convoque la Mesa General, en la que se han de abordar todas estas cuestiones relativas al empleo público.
Así lo ha indicado el responsable de STAS-CLM Intersindical, Gustavo Fabra que, en declaraciones a los medios, ha tildado de «indignante» el comportamiento del PSOE que, una vez más, y tal y como intentó en agosto de 2017, «pretende consolidar el grado más alto del grupo profesional a los funcionarios que hayan sido alguna vez altos cargos».
«En 2017 fue un escándalo nacional y el PSOE la retiró, argumentando que no estaba lo suficientemente estudiada y que tenía que pasar por Mesa General para ser abordada con los sindicatos de la Función Pública. Pero dos años después todos los sindicatos volvemos a pedir su retirada, porque no ha sido debatida y en los centros de trabajo se ve como una agresión y un lastre para la función pública».
Dicho esto, el representante de la Intersindical ha reprochado al Ejecutivo de Emiliano García-Page que no haya metido esta medida en el borrador de los presupuestos, sino vía enmienda a la ley de Medidas Administrativas y Tributarias «para saltarse el dictamen del Consejo Consultivo y para no llevarlo a la Mesa de la Función Pública». «Ahí está la clave de que esto es una prebenda y de que lo han hecho con nocturnidad y alevosía».
Reclaman reforzar los servicios públicos
Y es que Fabra ha lamentado que el Ejecutivo socialista quiera mantener los privilegios de los altos cargos una vez cesada la actividad política, «cuando no cubre vacantes ni bajas y deja los servicios de atención directa a la ciudadanía descolgados». «Queremos un gobierno que refuerce los servicios públicos, no sus posiciones en los servicios públicos», ha exigido.
«Este movimiento se acerca más a una administración con claros tintes políticos y discrecionales alejándose de una administración objetiva y profesional y crea una casta de expolíticos», ha denunciado Fabra, quien, a renglón seguido, ha lamentado la «falta de transparencia» del Gobierno regional, que no ha informado del coste de esta medida.
«Qué malas son las mayorías absolutas, que mala es la soberbia del Gobierno que no atiende a sus representantes legales. Empezó con el aumento de altos cargos, que han pasado de 73 a 137, casi el doble, y siguió con el decreto del personal directivo, que ha sido impugnado por varios sindicatos por vulnerar la libertad sindical, y con la creación de 175 puestos eventuales y de libre designación», ha condenado el responsable de Intersindical.
De ahí que haya pedido a un «Gobierno que se dice progresista» que «demuestre su sensibilidad con cuerpo y no con alma». «Lo más dramático de todo esto es que los privilegios de altos cargos se van a pagar con externalizaciones y privatizaciones de los servicios públicos y eso es gravísimo. No podemos pagar las prebendas de los políticos con privatizaciones», ha concluido.
De su lado, el representante de UGT, Luis Manuel Monforte, ha lamentado igualmente que el Ejecutivo no atienda la «grave falta de personal» que aún sufren los servicios públicos de la región mientras «intenta colar por la puerta de atrás una medida que implica aumentar en un porcentaje bastante elevado el gasto de personal».
El PP estudiará «todo tipo» de actuaciones
La presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, ha asegurado que su formación «va a estudiar todo tipo de actuaciones» en relación con la enmienda del PSOE que establece «privilegios vitalicios para los altos cargos» de Castilla-La Mancha.
De este modo se ha pronunciado Guarinos preguntada por los medios sobre si el PP estaría dispuesto a llevar esta cuestión a los tribunales, extremo que no ha confirmado, pues tan solo ha asegurado que están dispuestos «a llegar hasta el final».
Sobre la posibilidad de que lo eleven al Tribunal Constitucional, a preguntas de los medios, únicamente ha insistido en que llegarán «hasta dónde haga falta».
Y es que la presidenta de los diputados ‘populares’, que ha atendido a los medios después de que los sindicatos de la Función Pública registraran en las Cortes un escrito en el que piden al PSOE que retire dicha medida, ha exigido al Gobierno autonómico que diga «a qué cantidad de altos cargos va a beneficiar, pues son muchos».
«No tiene sentido que el Gobierno dé el visto bueno a una enmienda sin saber cuánto va a costar y a cuántas personas va a afectar. Esto es motivo suficiente para ir a los juzgados a decir que las cosas no se pueden hacer así», ha defendido Guarinos.
De esta forma, la parlamentaria ha condenado que «la enmienda de la vergüenza» se haya hecho sin contar con los empleados públicos, pues no ha convocado la Mesa General de la Función Pública, y sin tramitarla como Proyecto de Ley, pues para ello precisa del dictamen del Consejo Consultivo.
El PSOE reitera que lo hace para eliminar desventajas
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha insistido en la «justicia» de la enmienda que ha presentado su formación a la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias referente a los altos cargos de Castilla-La Mancha, que persigue que «aquellos empleados públicos que un día deciden formar parte de la política, cuando vuelvan a sus puestos de trabajo no se encuentren en desventaja», defendiendo por tanto que, en ningún caso, se trata de un «privilegio».
En rueda de prensa, y después de que los sindicatos con representación en la Mesa General de la Función Pública hayan avanzado movilizaciones para este miércoles, 18 de diciembre, en todas las capitales de provincia para forzar al PSOE a retirar dicha enmienda, Abengózar ha admitido que se trata de un tema «complejo».
«Es importante que la gente sepa que no es un complemento ni un incremento salarial», ha defendido, incidiendo en que por medio de esta enmienda su formación pretende «consolidar el nivel» de aquellos empleados públicos que regresan a sus puestos tras haber formado parte «de la política».
Y es que la diputada socialista ha defendido que, de este modo, Castilla-La Mancha, que ahora es excepción en este asunto, se equipararía a otras regiones, algunas gobernadas por el PP, en las que ya se ha reconocido este nivel.