El presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón, ha dicho hoy que acatará la sentencia judicial que obliga a la readmisión de 22 trabajadores, por lo que les dará de alta en la Seguridad Social y les pagará el salario, para «simultáneamente ver la posibilidad de proceder a un nuevo despido», ha puntualizado.
En una rueda de prensa, Tizón ha manifestado que, aunque cumplirá la resolución judicial, está en desacuerdo y ha advertido de que va a recurrirla y acudirá si es necesario al Tribunal Supremo, e incluso se podría plantear presentar un conflicto de jurisdicción entre la Diputación y la magistratura.
Ha explicado que no puede reponer en su puesto a los 22 trabajadores del Hospital Provincial que fueron despedidos en el verano de 2012 porque «ya no existen esos puestos, al haberse traspasado el centro hospitalario al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)».
Y no puede darles otro puesto, ha continuado, «porque estaría infringiendo la normativa nacional que impide la creación de nuevos puestos de trabajo».
Tizón ha criticado que el anterior equipo de gobierno de la Diputación, del PSOE, «hizo el contrato indefinido a esos trabajadores cuatro días antes de las elecciones, ya con vistas a lo que pudiera pasar porque, según ha dicho, el 70 % de ellos son hijos, hermanos o cuñados» de responsables socialistas o alcaldes o concejales de ese partido».
Ese, ha lamentado, «era el único requisito que les pedían para ser contratados en la Diputación, nada de mérito o capacidad sino ser de la familia, amigo o militante del PSOE».
El presidente de la Diputación ha indicado que, según el Consejo Consultivo, la transformación de esos contratos temporales o de acumulación de tarea a contratos indefinidos era «nula de pleno derecho», pero aún así, ha señalado que la Diputación «optó por acogerse a un proceso de despido objetivo para que los trabajadores pudieran cobrar una indemnización».
Tizón, que ha reprochado que en las resoluciones judiciales «hay un tufillo de uso alternativo de Derecho», ha insistido en que no está conforme con ellas.
«No estoy conforme, discrepo profundamente con ellas. Yo no me equivoqué, entiendo que no nos equivocamos, hicimos lo que era correcto y que la legislación lo permitía», y ha añadido: «si al final la Justicia dice que no tenía razón, pues diré: no tengo razón, pero yo sigo pensando que el que estaba acertado soy yo, y la Justicia no», ha asegurado Tizón.
Por último, en lo referente a la vía judicial que Tizón va a agotar, la Diputación de Toledo va a presentar un recurso de reposición contra el auto que no ha aceptado el incidente de ejecución planteado por la institución provincial y si es necesario acudirá al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) y, en su caso, después al Tribunal Supremo mediante un recurso de casación.
Por tanto, agotará la vía jurisdiccional, sin descartar tampoco la presentación de un Conflicto de Jurisdicción, que dirima si en este caso el juez se ha arrogado competencias que corresponden a la administración.