Castilla-La Mancha despide un año 2012 marcado por la acción política del Gobierno de María Dolores de Cospedal para reducir a toda costa seis puntos del déficit público, lo que ha implicado un recorte del gasto público sin precedentes y ha generado una notable contestación política y social.
Si se cumplen sus previsiones, el principal logro del Ejecutivo regional habrá sido reducir el déficit de las cuentas públicas del 7,3 % del PIB (2.789 millones de euros) con el que cerró 2011 al 1,5% (alrededor de 570 millones de euros).
Sin embargo, la envergadura de la crisis económica se mide una vez más en los datos del paro, que, según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre, ha alcanzado los 276.600 desempleados, 52.000 más que un año antes, y en que un tercio de la población castellanomanchega está cerca del umbral de la pobreza.
En medio de este panorama, el año que prácticamente comenzó con un cambio de Gobierno y con la elección de Emiliano García-Page como líder de la oposición, se cierra con la aprobación de una ley que dejará sin sueldo a los diputados autonómicos.
Junto a la reducción del déficit, el principal hito del Gobierno ha sido el pago a sus proveedores de cerca de 3.000 millones de euros, en este caso gracias a un mecanismo de pago habilitado por el Ejecutivo central que a mediados de año supuso un alivio para el asfixiado tejido empresarial de la comunidad.
A cambio, la deuda financiera de Castilla-La Mancha se ha disparado cerca de los 10.000 millones de euros, en un contexto de mercados «cerrados» para las administraciones públicas.
El visto bueno del Gobierno central a un Plan Económico Financiero de la Junta con medidas para ahorrar más de 1.500 millones de euros, ha permitido a Castilla-La Mancha esquivar la asfixia financiera mediante refinanciación de deuda y, en el último tramo del año, el acceso al Fondo de Liquidez Autonómica, que le ha reportado 548 millones de euros más.
El Gobierno regional ha aprobado dos presupuestos en el mismo año, el primero de 8.290 millones de euros y el segundo, el del año que viene, un 10 por ciento inferior.
Ambos con un techo de gasto, una de las novedades que se ha introducido en la ley de estabilidad presupuestaria que será aprobada estos días en las Cortes regionales para evitar excesos presupuestarios cometidos en la Legislatura anterior.
Todo ello, en medio de un convulso panorama político y social, en el que se han sucedido dos huelgas generales contra las medidas del Gobierno central, una huelga de empleados públicos contra la Junta, otra huelga de médicos, una más en el sector educativo, y una gran cantidad de manifestaciones y protestas, varias de ellas muy numerosas.
Uno de los colectivos que más ha alzado la voz ha sido el de los empleados públicos, pues el principal recorte del gasto proviene de las partidas de personal y se ha traducido en miles de despidos de interinos y personal laboral (unos 20.000 en todas las administraciones de la región) y en la pérdida de la paga extra de Navidad para todos, además del 3% del salario en el caso de los trabajadores de la Junta.
La Junta ha recurrido también a medidas como la recuperación del Impuesto de Patrimonio, la duplicación del céntimo sanitario o la ley de tasas y se ha beneficiado de otras aprobadas por el Gobierno central como el copago farmacéutico -que ha supuesto un importante descenso del gasto- o el aumento del IVA.
El año comenzó con un cambio de Gobierno propiciado por el nombramiento de Jesús Labrador como delegado del Gobierno, lo que motivó que Leandro Esteban pasara a ser consejero de Presidencia y Administraciones Públicas y que entraran en el Ejecutivo Arturo Romaní (Hacienda) y Carmen Casero (Empleo y Economía), a costa de la salida de Diego Valle.
El consejero que más críticas ha recibido ha sido el de Sanidad, José Ignacio Echániz, tanto por las medidas aplicadas, entre ellas el cierre de Puntos de Atención Continuada, los recortes salariales, o el aumento de las listas de espera, como por sus declaraciones, las últimas relativas a un supuesto exceso de operaciones en el pasado motivado por el cobro de horas extra.
En su haber está haber puesto al día el pago a las farmacias, haber evitado un conflicto con la patronal de las residencias y, en la recta final del año, haber alcanzado un acuerdo con los médicos para reducir el gasto en la gestión a cambio de suprimir un recorte salarial de 57 millones de euros.
En su agenda, queda pendiente la privatización de la gestión de varios centros hospitalarios de la región y la construcción del nuevo hospital de Toledo.
El consejero de Educación, Marcial Marín, ha afrontado uno de los principales recortes del gasto, con medidas como la ampliación de la ratio de alumnos y el número de horas lectivas, el cierre de aulas unitarias en zonas rurales y la supresión de la universalidad del comedor y del transporte escolar.
Por contra, ha sido el impulsor de la Ley de Autoridad del Profesorado y ha sido el único que ha convocado oposiciones para 2013, con 203 plazas para maestros.
Uno de sus más duros huesos ha sido el de la Universidad de Castilla-La Mancha, que finalmente ha visto reducida su subvención de 125 a 98 millones de euros y ha aprobado unos presupuestos con un 25% de recorte.
Leandro Esteban ha recibido críticas y peticiones de cese por los despidos de interinos, pero también ha dado voz a la acción del Ejecutivo y ha sido el ariete del Gobierno contra los anteriores gestores de la Junta y, en especial, contra el actual líder de la oposición.
Emiliano García-Page, tras sonar en todos los medios nacionales como posible alternativa a Alfredo Pérez Rubalcaba, optó por apoyarle y por asumir el reto de dirigir al PSOE castellanomanchego por primera vez en la oposición.
Salió del Congreso de su partido con un amplio respaldo y su nombre aparece en prensa, radios y televisiones cuando, como ahora, se habla de cambios o de primarias en el PSOE.
Sin embargo, él no termina de aclarar si será el candidato a las autonómicas de 2015, los alcaldes que iban a ser las nuevas caras y voces del PSOE (Juan Ávila, Pablo Bellido, Jesús Martín), no han dado el paso al frente, y el grupo parlamentario actúa sin una dirección clara.
Dejaron la política pesos pesados como Francisco Pardo y Fernando Lamata, mientras que José Luis Martínez Guijarro ha tenido que tomar un descanso como consecuencia de un infarto.
El frente de oposición que mejor ha funcionado al PSOE ha sido el de la denuncia de sus alcaldes de los impagos de la Junta, asunto que ha motivado encierros y huelgas de hambre y que, si se cumple lo que ha adelantado el propio Page, podría acabar en los tribunales.
No obstante, el PSOE carga aún con el peso de la «herencia» que dejó al actual Gobierno, concepto que no sólo se ha plasmado en crítica política, sino en querellas contra las exconsejeras María Luisa Araújo (también imputada en otro proceso a instancias de la Fiscalía) y Soledad Herrero y los exaltos cargos Roberto Parra y Tomás Hervás.
Los informes del Síndico de Cuentas sobre la gestión que hizo la Junta de empresas y sociedades públicas en la anterior Legislatura acrecientan las críticas de los actuales gobernantes, que acaban de destapar pérdidas ocultas de 2 millones de euros en la Fundación del Hospital de Parapléjicos.
Además, la Audiencia Nacional sigue instruyendo la causa contra Juan Pedro Hernández Moltó por su gestión al frente de CCM, ahora Banco CCM, integrado en Liberbank, que a su vez está sumido en un proceso de reducciones salariales y suspensiones temporales y la Fundación CCM no tiene ni siquiera patronos, pues dimitieron todos.
La batalla política tendrá otro frente abierto en breve plazo si Cospedal cumple su promesa de reducir a la mitad el número de diputados en Castilla-La Mancha.
Será la segunda reforma electoral de esta Legislatura, pues este mismo año el PP promovió otra en sentido contrario, al aumentar de 49 a 53 el número de representantes de los ciudadanos.
En la agenda de los próximos meses estará también el Tajo, dado que se ultima el nuevo plan de Cuenca mientras la cabecera del río tiene el 25% de su capacidad y se sigue trasvasando agua a Levante.
Por el camino quedan conflictos laborales en empresas públicas como Geacam y privadas como Teletech, Silicio Solar o Solaria, entre otros muchos, además del definitivo cierre del Aeropuerto de Ciudad Real -utilizado por Pedro Almodóvar como escenario de su última película, ‘Los Amantes Pasajeros’,- o los concursos de acreedores de todas las autopistas de peaje.
Los mineros de Puertollano marcharon en defensa de la mina de Encasur, igual que se han movilizado los vecinos afectados por el cierre de las urgencias y de las escuelas rurales y ahora son los trabajadores de Paradores los que dan la batalla para evitar el cierre total de los de Albacete y Manzanares y parcial de Oropesa y Almagro.
Entre las buenas noticias económicas, el anuncio de la llegada de Senoble a Talavera y de Inditex y Jazztel a Guadalajara, además de la tendencia alcista de las exportaciones, sobre todo de los productos agroalimentarios, y las anunciadas inauguraciones del tramo de la A-40 entre Torrijos y Toledo y el Palacio de Congresos de la capital regional.
El campo castellanomanchego, en un año caracterizado por la caída de la producción de vino y, sobre todo, de aceite, ha vivido bajo las amenazas -de momento no cumplidas- del temido recorte de los fondos europeos y de la liberalización de la plantación de viñedo.
La crisis ha llegado incluso a organizaciones patronales (Ciudad Real) y a las Cámaras, con las dimisiones forzadas de Fernando Jerez en Toledo y Antonio Atiénzar en Albacete.
El Gobierno ha desarrollado la ley de emprendedores y ha aprobado una norma para liberalizar los horarios comerciales, pero los últimos datos ofrecidos por las organizaciones de autónomos apuntan que hay ahora 2.500 menos que cuando comenzó el año.
Al margen del de Page, ha sido un año de pocos nombramientos, aunque fueron destacados el de Ramón Aguirre en la SEPI y el de Francisco Gil-Ortega en Enresa, empresa responsable de la construcción del ATC en Villar de Cañas.
Como estaba previsto, Cospedal mantuvo la Secretaría General del PP y fue reelegida casi por unanimidad presidenta del partido en Castilla-La Mancha.
El fuego provocó un duro verano con más de 11.000 hectáreas quemadas (5.000 de ellas en Hellín) y la muerte de un militar de Villasequilla (Toledo), Alberto Guisado, en otro incendio en Sierra de Gata.
Siete años después, se juzgó el incendio de Guadalajara, con un excursionista condenado a dos años de cárcel y diez millones de indemnización. Dos meses antes, en el Día de Castilla-La Mancha, las familias de las víctimas de ese incendio recibieron la Medalla de Oro de la región, concedida por el Gobierno autonómico.
De los tribunales salió también la absolución y consiguiente puesta en libertad del supuesto asesino de Mari Cielo Cañavate, una sentencia que va a revisar el Supremo.
La crónica de sucesos más negra se escribió en octubre en El Salobral, en Albacete, donde un hombre mató a una niña de 13 años, con la que supuestamente había tenido una relación, y a otro vecino antes de atrincherarse durante dos días y, finalmente, suicidarse.
Una semana antes, tres personas, una de ellas Íñigo de Arteaga y de Alcázar, hijo del duque del Infantado, se mataron en un accidente de avioneta en Los Montes de Toledo.
En mayo, una empleada de la limpieza de una sucursal bancaria de Santa Cruz de Retamar (Toledo) murió tiroteada en un atraco, mientras que en noviembre el suicidio de una adolescente en Ciudad Real conmocionó a la región al estar vinculada presuntamente con el acoso escolar.
La mejor noticia cultural del año la dio la UNESCO, pues Almadén y sus minas de mercurio son definitivamente Patrimonio de la Humanidad.
En los deportes, varios castellanomanchegos como Feliciano López, Jesús Serrano o Paco Cubelos se quedaron cerca de una medalla en Londres 2012, metal que sí tocó Pilar Peña en waterpolo.
Pero, una vez más, el mejor embajador de la comunidad autónoma fue Andrés Iniesta, mejor jugador de la Eurocopa y mejor jugador del año en Europa, según la UEFA, además de actor fundamental en la campaña para intentar salvar a un histórico como el Albacete Balompié.