El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves, por unanimidad de los 32 diputados presentes, una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) sobre la necesidad de implantar una Ley de garantías para la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la okupación ilegal de viviendas.
Tras un debate marcado por la falta de un gran acuerdo entre los tres grupos parlamentarios para elaborar de forma conjunta una proposición de Ley ‘antiokupación’ para elevarla al Congreso de los Diputados o al Consejo de Ministros, la PNL ha salido adelante con las enmiendas presentadas por el grupo socialista que han sido aceptadas por la formación naranja.
Cs: «Preocupación por la okupación»
Durante el debate, el presidente del grupo parlamentario de Cs, Alejandro Ruiz, ha defendido que la formación naranja tiene una preocupación «clara» por la okupación y, de hecho, ha señalado que los concejales de Ciudadanos acompañan a los vecinos que se manifiestan en las localidades de la región contra este fenómeno.
Asimismo, ha mostrado «sorpresa» porque el grupo popular no ha presentado ni una sola alegación al texto de la PNL, por lo que ha dado por hecho que está de acuerdo con todo lo que propone.
Por su parte, la diputada socialista María Isabel Rodríguez ha incidido en que al PSOE le «preocupa y ocupa» el «serio problema» que supone la ocupación ilegal de viviendas y ha resaltado que «los socialistas no apoyamos ni estaremos nunca a favor de la ocupación ilegal».
PSOE: «Luchar contra esta lacra»
Además, ha asegurado que el Ejecutivo regional trabaja para «luchar contra esta lacra» y que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha urgido al Gobierno de España a tomar medidas legislativas para atajarla, por lo que ha considerado que el PP «llega tarde una vez más» con su propuesta para legislar en contra de la ocupación ilegal.
PP: «Por una normativa contundente»
De su lado, la diputada regional del PP Ana Guarinos ha precisado que la PNL presentada por Cs «no es suficiente» porque la Cámara autonómica no tiene competencias para legislar en relación a los derechos a los que afecta este fenómeno, y ha remarcado que «solo hay una posibilidad que es una Ley».
Guarinos ha reprochado al presidente regional que anunciara una normativa «contundente» en el mes de agosto pero ha subrayado que el PSOE no ha presentado en las Cortes ni una sola iniciativa relacionada con este asunto.
Fomento «tiende la mano al acuerdo»
Sin embargo, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha intervenido en este último debate de la sesión plenaria, se ha marcado como fecha límite el 21 de diciembre -fin del otoño- para tener preparada una normativa en la que ha asegurado que su departamento está trabajando con «importantes académicos» para la elaboración de la proposición de Ley.
Para lograr cumplir la fecha marcada, Hernando ha indicado que el texto tiene que llegar a las Cortes regionales con «acuerdo, consenso y respaldo» de los tres grupos con representación en la Cámara para que «la voz resuene con mucha más fuerza en el Congreso o en La Moncloa, pero sobre en los móviles, periódicos y noticias que lean o escuchen quienes se dedican de manera organizada y criminal a extorsionar y chantajear».
Además, se ha comprometido a que la proposición de Ley no sea un ‘corta y pega’ sino que plantee cambios en el Código Penal y en el funcionamiento de los ayuntamientos ante esta cuestión, y ha ofrecido a los tres partidos trabajar de manera conjunta: «Les tiendo la mano pero por favor, ni la muerdan ni cojan el brazo», ha concluido.