Varios cientos de trabajadores del transporte sanitario, al grito de «¡consejero, dimisión!», se han concentrado a las puertas de la consejería de Sanidad, en Toledo, para reivindicar a la Administración autonómica un nuevo convenio colectivo, que no se actualiza desde 2013, con una pérdida económica del 26 por ciento, que afecta a unos 1.600 profesionales.

Corte de la avenida de Francia

La concentración, que ha conllevado el corte de los cuatro carriles de la avenida de Francia por espacio de una media hora, ha finalizado a las mismas puertas de la Consejería, entre un sonido atronador, por las numerosas tracas, petardos, vuvuzelas y silbatos, se ha exigido a la Administración pública la actualización del convenio y que el servicio pase a ser «público 100  por 100».

Pancartas con epígrafes como ‘Transporte sanitario de gestión publica 100 por 100’ o ‘Por el empleo en el transporte sanitario. No a los despidos, no a la precariedad’, entre otros, se han podido leer durante una concentración, la tercera de las convocadas por CCOO y UGT, que tendrá continuidad con paros parciales y completos durante la próxima semana.

De hecho, tanto Carolina Vidal, secretaria general de Acción Sindical de CCOO Castilla-La Mancha, como Serafín García, responsable de FSP UGT de Castilla-La Mancha, han dejado claro que «la paciencia ha terminado, las huelgas y paros no se van a desconvocar hasta que se de una solución» y «no vamos a desistir, vamos a llegar hasta el final con todas nuestras reivindicaciones».

«Uno de los peores servicios de toda España»

Así, García ha anunciado que los días 4 y 5 habrá paros parciales de 8 horas y los días 7 y 8 completos, de 24 horas, porque «nos están engañando todas las partes y queremos un convenio que regule al sector, para recuperar el 26 por 100 que hemos perdido en los últimos diez años».

Pero sobre todo, ha enfatizado, «para mejorar el transporte sanitario, que contraten a los trabajadores que tienen que haber, no los que hay ahora» en el objetivo, ha defendido, «de mejorar el servicio, ya que los pacientes de Castilla-La Mancha tienen ahora mismo uno de los peores de toda España».

«No puede ser que los enfermos, las personas que necesitan este servicio, tengan demoras de horas en espera de las ambulancias», ha denunciado García, quien ha añadido que la formación de los técnicos «no está regulada» y se les mantienen «en prácticas, no los hacen indefinidos, y después de dos años trabajando los echen como perros».

Y esto, ha aseverado, «a sabiendas de las Administración regional», en concreto la consejería de Sanidad y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), «que no dan contestación».

Además, el responsable de FSP UGT CLM ha concluido su crítica con la denuncia de que la Mesa encargada de «vigilar y controlar» el servicio «se ha reunido una sola vez y para constituirla, no se ha hablado del transporte, que es un caos, y no vamos a permitir que se lo carguen por sus incongruencias y vejaciones».

Mientras, Carolina Vidal ha afirmado que «los trabajadores tienen justos motivos para concentrarse y movilizarse» al tener congelados sus salarios desde 2013, que ha atribuido a la «irresponsabilidad» de las patronales, al tiempo que ha pedido la mediación directa de Sescam y Consejería.

«No pueden hacer oídos sordos»

«No pueden hacer oídos sordos a estas reivindicaciones» los responsables de la Sanidad regional, ha incidido Vidal, «tienen que poner encima de la mesa los medios necesarios para solventar este conflicto».

En la misma línea se ha pronunciado el secretario general de Izquierda Unida (IU) Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, que ha asistido a la concentración junto a otros dirigentes de la formación, como José María Fernández, Olga Avalos o Mario Gómez, para solidarizarse con unos trabajadores que «piden una reclamación que es absolutamente justa».

Crespo se ha referido a «la gran incertidumbre» que ha generado a los trabajadores la decisión de la empresa concesionaria del servicio de declarar un ERTE, que finalmente se ha podido resolver, y ha vuelto a reclamar «una empresa pública» regulada por el Sescam que «de seguridad, tranquilidad» laboral.

«Un servicio de gestión pública total es la única garantía que tienen los trabajadores de tener asegurados sus empleos, unas condiciones laborales adecuadas y, también, que los usuarios sean atendidos de forma adecuada y no se vean abandonados, queden en la cuneta como hasta ahora, con un servicio precario», ha concluido Crespo.