El Gobierno de Castilla-La Mancha va a poner en marcha registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia de interrupciones del embarazo, por lo que a partir de finales de marzo todos los profesionales, tanto médicos de las especialidades que tienen que ver con el aborto, como profesionales de enfermería, tendrán que inscribirse en el mismo para ejercer este derecho que tienen los profesionales.
En la actualidad, en ninguno de los hospitales públicos de Castilla-La Mancha se realizan abortos y el derecho que tienen las mujeres a que se les practique la interrupción del embarazo en la región se realiza a través de convenios con tres clínicas privadas, situadas en Albacete, Ciudad Real y Madrid.
Un escrito telemático
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó en su reunión de este martes la puesta en marcha del registro, para dar cumplimiento con la reforma de la Ley de Aborto de febrero de 2023, el cual obliga a todos los sanitarios que quieran ser objetores de conciencia a «presentar con carácter previo una declaración escrita» de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta.
La portavoz regional ha hecho hincapié en que este registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal, a la vez que ha aclarado que “únicamente las direcciones de cada Gerencia sabrán cuáles de sus médicos se acogen a este registro de objeción de conciencia; ya que uno de los objetivos es, precisamente, facilitar este listado para conocer la disponibilidad de médicos o enfermeras disponibles para interrumpir embarazos”.
La declaración de objeción de conciencia tendrá efectos de forma indefinida y podrá ser modificada o revocada en cualquier momento. Entrará en vigor a los 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que será “previsiblemente el viernes o el próximo lunes”, tal y como ha concluido la consejera.
Objetores de conciencia «24 horas del día»
Preguntada la consejera sobre si esta objeción de conciencia para no practicar abortos en la sanidad pública también afecta a la privada, Padilla ha explicado que dicha objeción es «las 24 horas del día», y que es tanto para la pública como para la privada.
«Tienen que tener la ética de lo que han declarado, son objetores en cualquier punto del país«, ha señalado la portavoz del Gobierno, quien ha explicado que este registro se pone en marcha para garantizar el derecho que tienen los sanitarios para ser objetores de conciencia, pero también para saber de qué profesionales disponen en las distintas gerencias para poner practicar los abortos.
Y es que Padilla ha reconocido que al Gobierno regional le gustaría que también se pudiese hacer en los hospitales públicos, «pero siempre que haya los profesionales» sanitarios especialistas para ello, puesto que desde la Sanidad pública «nadie puede obligar a ningún profesional a interrupciones voluntarias del embarazo».