La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha concentrado este lunes en las cinco provincias de Castilla-La Mancha en defensa de Muface y para exigir un nuevo acuerdo salarial y ha advertido de que las movilizaciones continuarán «con medidas más contundentes» si las diferentes administraciones siguen sin reaccionar.
Tras la manifestación del pasado sábado en Madrid, que contó con la participación de más de un millar de mutualistas de Castilla-La Mancha, CSIF ha vuelto a salir a la calle para reclamar la continuidad del mutualismo administrativo (Muface, Mugeju e Isfas), ha señalado la organización sindical en una nota de prensa.
De este modo, ha defendido un modelo que durante 50 años «ha demostrado su eficacia», tanto en ahorro a las arcas públicas como en descongestión de un servicio de salud que, a su juicio, «no cuenta con las fuerzas suficientes para hacer frente a todos los mutualistas sin tensionar el sistema».
La Central Sindical también se ha concentrado para denunciar la pérdida de poder salarial del conjunto de empleados públicos, que ha estimado en más de un 20 por ciento desde 2010 y dentro de una comunidad autónoma que, como ha apuntado, «ha sufrido las tasas de inflación más altas de toda España».
En este sentido, ha reclamado tanto un nuevo acuerdo salarial plurianual vinculado al IPC como la convocatoria de la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha para abordar una subida retributiva.
Precisamente en materia de retribuciones, ha recordado que el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo presentado por CSIF contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados, que mediante acuerdo de 16 de mayo de 2023 rechazó tramitar una iniciativa legislativa popular impulsada por el sindicato para que los empleados públicos recuperen la estructura salarial previa a los recortes de 2010, «que suponen que los empleados públicos en esta última década hayan trabajado entre 13 y 18 meses gratis, en función del grupo profesional al que pertenezcan».
CSIF también se ha concentrado en contra del «deterioro» de los servicios públicos en la región y, en el ámbito sanitario, ha denunciado la «sobrecarga en la plantilla» y la «demora en la atención a los pacientes», así como la paralización de la carrera profesional y el impago de la productividad variable.
Además, ha reclamado la recuperación del Plan de Acción Social, eliminado por María Dolores de Cospedal y que contemplaba ayudas para los empleados públicos en guardería, comedor escolar, adopciones, natalidad, prótesis médicas, emergencia social, mujeres víctimas de violencia de género, accidentes graves y sepelios, entre otras.