En rueda de prensa, El portavoz del PP adjunto en las Cortes de CLM, Lorenzo Robisco, ha considerado que el Gobierno regional debería dictar una resolución que «diga que los 72 contratos de los médicos no homologados no valen» para evitar así, ha advertido, incurrir en la figura penal de la «prevaricación».
Así, ha pedido al Ejecutivo que «no corra el riesgo de incurrir en ese delito penal porque hay 72 contratos ilegales que deberían solucionarse de manera inmediata» y ha criticado que el Gobierno «los ha estado ocultando» hasta que ayer la gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Regina Leal, confirmó la cifra de profesionales sanitarios sin homologación.
En este sentido, ha manifestado que la responsable del Sescam «incurrió en una manifiesta negligencia e imprudencia» porque «dijo que continuaría adelante» con la situación y ha recalcado que «la culpa es de quien tiene en las manos 72 contratos sin buscar una solución y sin resolver».
Ha lamentado que «persisten en continuar con unos contratos que saben perfectamente que no cumplen con los requisitos que se les debería exigir» y ha resaltado que «esa es la negligencia, porque Gobierno y Sescam saben lo que se necesita en España para homologar los títulos».
El diputado regional del PP ha lamentado que esta situación «afecta a la imagen» de Castilla-La Mancha, así como a la calidad en el empleo y ha destacado que, sobre todo, genera «incertidumbre» en los pacientes y en los profesionales.
En cuanto a la personación del PP en la denuncia presentada por el jefe de servicio de Ginecología del Hospital de Puertollano (Ciudad Real), Robisco ha señalado que «son los socialistas y Podemos los que tienen que demostrar que la legalidad se cumple en Castilla-La Mancha».
Por otra parte, preguntado por si conoce la situación de médicos sin título homologado en otras comunidades autónomas, ha afirmado que no pero ha agregado que lo que no le consta es que haya ninguna otra comunidad en la que un jefe de servicio haya hecho un informe contrario, «un reparo de ilegalidad», y se haya ido al juzgado.
Al respecto, ha criticado la «inacción, omisión, engaño y mentira» del Ejecutivo autonómico y, sobre todo, la insistencia de «persistir en el error» y no solucionar la situación.
Por último, ha responsabilizado de la situación al presidente regional, Emiliano García-Page, y al consejero de Sanidad, Jesús Fernández, y ha asegurado que «el PP ya lo habría resuelto como hizo con otros problemas de mucha envergadura en Castilla-La Mancha».