El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un gasto por importe de 4.287.151 euros para la adquisición de 203.314 dosis de vacunas destinadas al programa de inmunizaciones de la región. Esta medida, enmarcada en el calendario común acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, está destinada a los niños y niñas nacidos en Castilla-La Mancha con edades comprendidas entre 0 meses y 14 años.

El objetivo, tal y como ha explicado el portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando, es dar continuidad a un programa ya consolidado, «garantizando la disponibilidad de producto vacunal, evitando así que la población contraiga enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación así como la aparición de brotes comunitarios», según ha informado la Junta en nota de prensa.

En concreto, se han adquirido 51.500 dosis de la vacuna hexavalente frente a hepatitis B, difteria, tétanos, tos ferina acelular, y poliomielitis; 40.400 dosis para vacunas frente a difteria, tétanos y tos ferina acelular, de contenido antigénico reducido; 3.512 dosis para vacuna frente a hepatitis A para edad pediátrica; y 2.622 para vacuna frente a hepatitis A para adultos.

También se incluyen 19.372 dosis para vacunas frente al sarampión, rubéola y parotiditis; 29.008 para vacuna frente a varicela; 34.400 para vacuna conjugada frente a meningococo C; y 22.500 para vacuna frente al Virus del Papiloma Humano (VPH).

Hernando ha subrayado la importancia de los programas de vacunación, «una poderosa y efectiva herramienta de prevención de las enfermedades infecciosas» ya que, gracias a ellos, ha añadido, «es posible contribuir al control y eventual erradicación de determinadas enfermedades transmisibles y conseguir notables mejoras en la salud de la población».

Convenio con Cermi

Por otra parte, el Gobierno regional también ha tomado conocimiento del acuerdo de colaboración para la mejora del Modelo de Atención a la Discapacidad que se firmará entre las Consejerías de Bienestar Social y Hacienda y Administraciones Públicas y el Cermi, tal y como anunciaba este martes la consejera de Bienestar Social en funciones, Aurelia Sánchez.

A través de este convenio se trabajará conjuntamente para seguir ampliando la red de recursos y apoyos destinada a las personas con discapacidad, especialmente en el desarrollo de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado.

Del mismo modo, se asegura la sostenibilidad y calidad de los recursos públicos como medio de garantía de los derechos de ciudadanía y el apoyo a los profesionales del Tercer Sector en Castilla-La Mancha y la mejora de la financiación de la convocatoria para 2020 dirigida al funcionamiento de los centros y servicios destinados al movimiento asociativo de la discapacidad.

De forma añadida, se acuerda también iniciar los trabajos encaminados a regular las fórmulas de concertación social en Castilla-La Mancha para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la discapacidad, en consonancia con lo establecido en la Ley de Servicios Sociales y en la próxima Ley del Tercer Sector en la región.

El portavoz en funciones ha destacado que el presupuesto para atender a las personas con discapacidad ha aumentado en diez millones de euros en esta legislatura y se han creado más de 1.000 nuevas plazas especializadas en el desarrollo de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para las personas con discapacidad.

Asimismo, las convocatorias de subvenciones destinadas a Entidades Privadas de Iniciativa Social y a Entidades Locales para 2019 ascienden a casi 57 millones de euros, un 20 por ciento más que en 2014, y diariamente se atiende a más de 10.000 personas con discapacidad en los diferentes dispositivos especializados de atención.

Además, se ha autorizado un gasto de 550.500 euros a la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha para la prestación del servicio de vigilancia, seguridad y protección al Centro de Atención Especializada al Menor (CAEM) de Toledo para sus 82 usuarios y sus familiares.

Este centro, que la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha puso en marcha en 2009, presta atención integral e individualizada a menores con trastornos de salud mental no asociados a discapacidad intelectual, cuyos problemas de conducta han desbordado la capacidad de resolución y abordaje personal, familiar y de los dispositivos especializados que ofrece su entorno.

Hernando ha explicado que, debido a las características del centro, «se hace necesaria la realización de labores de vigilancia por profesionales con la adecuada especialización que garanticen la seguridad del mismo».

El contrato tiene una duración inicial de 36 meses y abarca el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, prorrogables por 12 meses.