La Junta de Castilla-La Mancha cuenta en la actualidad con un total de 350 inspectores oficiales de salud pública, distribuidos por toda la región, que se encargan de velar por la protección de la salud de los consumidores.
Así lo ha confirmado la directora general de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, María Dolores Rubio, que ha participado en el II Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria celebrado en Madrid.
Ha asegurado, según destaca un comunicado de la Junta, que «Castilla-La Mancha cuenta con una importante red de seguridad alimentaria, con servicios centrales, servicios periféricos y unos 350 inspectores oficiales de salud pública por toda la región».
A su juicio, «la seguridad de los alimentos que se consumen constituye un debate en nuestra sociedad, por ello es importante generar conocimiento y compartir experiencias en este ámbito».
En este sentido, ha creído fundamental la inspección y vigilancia de todos los productos alimenticios «para proteger la salud de los castellanomanchegos con la máxima profesionalidad».
Rubio ha puesto de manifiesto que este encuentro pluridisciplinar de entidades y agentes intervinientes en el sector de la seguridad alimentaria «ratifica la importancia del sector y demuestra que la realización de análisis alimentarios en laboratorios, constituye una herramienta imprescindible».
«Sus resultados permiten determinar un correcto sistema preventivo de seguridad y establecer los controles adecuados», ha reseñado.
El II Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria ha contado con profesionales que han compartido conocimientos y avances en relación a las nuevas tecnologías para el análisis de contaminantes orgánicos resistentes, análisis de dioxinas, programas de monitoreo y toma de muestras ambientales y métodos de control para los materiales que están en contacto con los alimentos.