La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha confirmado hoy que 5.611 familias de Castilla-La Mancha se han beneficiado del Plan contra la Pobreza Energética y que a otras 200 se las ha ayudado para hacer frente a las facturas por el suministro de electricidad o gas durante este pasado invierno. Sánchez ha arrojado estos datos una vez que esta semana se ha cerrado el plazo para solicitar ayudas al plan puesto en marcha por el Gobierno regional.
La consejera durante la inauguración del seminario.
A las 5.611 familias que se han adscrito al Plan contra la Pobreza Energética hay que añadir otras 200 que han pedido ayudas para «hacer frente a las facturas por el suministro de electricidad o gas», por el corte ante un impago o por reposición del servicio.
Sánchez, que ha valorado de «forma positiva» las solicitudes por ambos conceptos, ha agregado que «todavía queda presupuesto para acometer necesidades en los meses de noviembre y diciembre» de este año, ya que, ha aclarado, la previsión del plan regional era para las 10.000 familias que atienden los Servicios Sociales Básicos del Gobierno regional y que ya habían solicitado el Ingreso Mínimo de Solidaridad o las Ayudas de Emergencia Social.
La consejera ha agregado que, para la concesión de las ayudas, se han tenido en cuenta «a las familias en pobreza severa y se han primado, además, a las que tienen hijos menores de 14 años» con lo que, al tiempo, «se acomete la pobreza infantil».
Ciudad Real ha sido la provincia más beneficiada por el plan, con 1.878 solicitudes aprobadas, seguida de Albacete con 1.424 y Toledo con 1.110, mientras que Cuenca ha contado con 688 beneficiarios y Guadalajara con 511.
En cuanto a facturas energéticas, para evitar el corte de suministro eléctrico se han primado a 69 familias de Toledo, 59 de Ciudad Real, 17 de Cuenca, 15 de Ciudad Real y cinco de Guadalajara, y para la reposición a 17 de Toledo, ocho de Albacete, seis de Ciudad Real y de dos de Cuenca y Guadalajara.
Sánchez ha aportado estos datos antes de inaugurar el seminario «Vivienda e inclusión social» junto al presidente de la Red de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN) de Castilla-La Mancha, Braulio Carlés, sobre lo que ha destacado la implantación de seis Oficinas de Intermediación Hipotecarias en la región y la adhesión de 200 ayuntamientos.
La actuación de esas oficinas ha supuesto que se hayan paralizado 20 desahucios en la región y que sus profesionales, jurídicos y sociales, hayan atendido más de 700 consultas, ha valorado Sánchez, quien ha recordado que el 35 por 100 de las familias castellanomanchegas están en situación de pobreza y el 8 por 100de ellas en el nivel severo.
Por todo ello, ha concluido, «el compromiso y sensibilidad del Gobierno regional para estas familias con problemas económicos y para mantener la vivienda está dando frutos».
ESTRATEGIA SOBRE VIVIENDA SOCIAL
Las Consejerías de Bienestar Social y Fomento han dado el primer paso para poner en marcha, de la mano de la Red de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN) de Castilla-La Mancha, la estrategia para que las familias más pobres y vulnerables dispongan de «una vivienda social digna».
Así lo han resumido la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y el presidente de la EAPN CLM, Braulio Carlés, en atención a los periodistas antes de inaugurar el seminario «Vivienda e inclusión social» con el que comienza el trabajo «para crear un grupo de trabajo» que aborde la estrategia sobre vivienda social.
La titular de Bienestar Social ha recordado que con este primer seminario se cumple «el compromiso» del Gobierno regional que, en el Consejo abierto celebrado el pasado 16 de febrero, acordó con la EAPN la puesta en marcha de una estrategia común para «planificar» las acciones dirigidas a dar vivienda digna a los más necesitados.
Sánchez ha añadido que una vez creado el grupo de trabajo que, formado por miembros de su Consejería y de Fomento junto a la EAPN, diseñen la estrategia, se dotará del presupuesto «que precise» para dar la mayor cobertura a las familias con menos recursos.
El presidente regional de EAPN, Braulio Carlés, ha incidido en que la mayor preocupación es «hablar de vivienda no como espacio donde se genere riqueza, sino de personas y nos creamos de verdad que las personas es lo central y fundamental».
Carlés ha valorado «el gesto» de los departamentos de Bienestar Social y Fomento para «trabajar en profundidad y optimizar las posibilidades» y, ha entendido, «en el seminario de hoy crearemos espacios de coordinación para que, a medio plazo, podamos lograr que las personas más desfavorecidas puedan tener una vivienda digna, que es uno de los derechos más importantes».
En la misma línea se ha pronunciado el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Toledo, Teo García, quien se ha sumado a «una política de vivienda social orientada a la inclusión social que tenga en cuenta los compromisos sociales y a las personas».
En este sentido, ha incidido en «una estrategia municipal de intervención», con la presencia de los servicios sociales de su Concejalía y la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) «para dar una respuesta normalizada y digna a la situación de desventaja social que todavía se presentan en el acceso a la vivienda».