La regulación del trasvase Tajo-Segura «que aprobó el Gobierno en el marco de la Ley de Evaluación Ambiental de 2013 se hizo con pleno respeto a la legalidad vigente» ha asegurado hoy el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).
Así lo apunta en un comunicado tras un informe de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que da la razón a la Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo después de que este colectivo denunciase la falta de participación pública en la tramitación del memorándum del trasvase Tajo-Segura.
Según el MAGRAMA la regulación, respaldada por cinco comunidades autónomas, incrementó las garantías ambientales y de preferencia de la cuenca cedente, en base a los planes hidrológicos «que se han tramitado, con amplios periodos de información pública y evaluación ambiental de todos ellos».
Con la nueva regulación, detalla, se elevó la reserva del Tajo de 240 a 400 hm3, y mantuvo el límite máximo trasvasable.
En el comunicado, el Ministerio señala que el informe de la Defensora del Pueblo «no cuestiona el trámite de participación pública en el plan de cuenca del Tajo» y recuerda que se hizo con el acuerdo de Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Región de Murcia.
Finalmente Medio Ambiente subraya que ha completado la planificación hidrológica competencia del Estado en poco más de dos años, pese al «enorme retraso» heredado del anterior gobierno.
La Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo aseguró ayer en un comunicado que presentó la queja a la Defensora del Pueblo el 1 de octubre de 2013 porque el Ministerio hizo «oídos sordos» a su petición de acceso a información para conocer el contenido del memorándum y a los informes y estudios que dieron lugar al mismo o que derivaban de él.