El grupo local de Toledo de Amnistía Internacional (AI) ha explicado que en Castilla-La Mancha ha habido un total de 4.073 ejecuciones hipotecarias y que se han llevado a cabo un total de 1.194 alzamientos.
Así lo ha destacado en un comunicado público, basado en los últimos datos del Consejo del Poder Judicial del 2014, y tras realizar hoy una recogida de firmas, en la plaza de Zocodover, que enviará al Gobierno de España, para que se paralicen los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección de los derechos humanos.
La recogida, que ha tenido lugar de 12:00 a 14:00 horas, se enmarca dentro del informe de AI «Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España», que denuncia como cientos de miles de personas han perdido o están en riesgo de perder su vivienda como consecuencia de los desalojos hipotecarios.
Respecto a las viviendas protegidas vacías, y según datos del informe del Defensor del Pueblo del 2013, Castilla-La Mancha tiene 2.615 viviendas protegidas vacías, de las cuales 2.394 son de nueva construcción de promoción privada y 221 de promoción pública.
Por ello, la organización ha pedido que se paralicen todos los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección. En concreto, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que los jueces analicen, caso por caso, la razonabilidad y proporcionalidad de un desalojo.
De igual modo, el establecimiento de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas, en el que las autoridades exijan a estas que el desalojo sea la última alternativa y se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen.
A su juicio, a pesar de que las casi 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España desde 2008, el Gobierno ha adoptado medidas insuficientes, que no han protegido la vivienda como un derecho humano y ha sido muy restrictivo, al beneficiar únicamente a 31.500 familias.
«El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni las organizaciones», ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
En su opinión, «mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación».