El sindicato de educación Anpe ha tachado hoy de «insuficientes» las plazas que la Consejería de Educación prevé ofertar, entre 300 y 400 plazas de profesor, pues ha aseverado que en la región se pueden sacar a oposición más de mil plazas.
En un comunicado, el sindicato ha rechazado la oferta de empleo público anunciada por el consejero de Educación, Marcial Marín, y ha recalcado que la cifra ofrecida es «totalmente insuficiente, ya que no incluye todas las plazas legalmente disponibles».
Según el sindicato, las «exiguas cifras» que bajara la Consejería de Educación, en las que se incluyen plazas de docente de todas las enseñanzas medias, como ESO, Bachillerato y FP, además de las enseñanzas musicales, entre otras, «van en contra de los estándares de calidad que precisa el malogrado sistema educativo castellanomanchego».
Estas plazas que saldrán a oposición, tal y como ha explicado Anpe, son la suma de las plazas de la oferta de empleo público de los años 2014 y 2015.
Además, el sindicato ha señalado que la Formación Profesional requiere un «reforzamiento para dotarla de profesionales estables» y ampliar su oferta con el fin de reducir el elevado porcentaje de «abandono escolar».
Por todo ello, Anpe ha exigido que, para la determinación «correcta y justa» del número de plazas que se deben convocar, la Consejería debe aplicar la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010 que declara la obligación de las administraciones públicas de incluir todas las plazas vacantes cubiertas por interinos en la oferta de empleo público.
La sentencia argumenta, según ha resaltado Anpe en su comunicado, que tampoco cabe alegar motivos económicos para reducir el número de plazas ofertadas, ya que estas están ya presupuestadas y ocupadas por funcionarios interinos.
Por todo ello, Anpe ha exigido una oferta de Empleo Público «amplia», que aumente el número de profesionales de la Educación, cubra las necesidades de la región y genere empleo.
Además, ha exigido la armonización de las oposiciones en Castilla-La Mancha con el resto de las comunidades autónomas para evitar el efecto «llamada».