Las Cortes regionales han aprobado hoy con el voto a favor del PP y el rechazo socialista el proyecto de ley de caza de Castilla-La Mancha, una norma que apuesta por regular la actividad cinegética de forma ordenada, sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha defendido durante su intervención en el pleno que esta nueva ley favorece la caza en el mundo rural y protege las especies naturales, al tiempo que promueve la agilización y la simplificación de los trámites administrativos y aumenta la confianza en la profesionalidad de los gestores de terrenos cinegéticos, «reduciendo la intervención de la Administración».
Soriano ha recalcado la importancia de la caza en la región, pues ha recordado que permite la creación de más de 6.500 puestos de trabajo directo y supone una facturación anual cercana a los 600 millones, al tiempo que tiene una «importancia social incuestionable», ya que sirve para fijar población rural.
En general, la ley de caza busca proteger, conservar, fomentar y aprovechar de forma ordenada y sostenible los recursos cinegéticos de manera compatible con la conservación del medio natural e introduce otros aspectos, como la supresión de la diferencia entre coto de caza mayor y coto de caza menor y la importancia de velar por la pureza genética de determinadas especies.
Esta nueva ley, que sustituye a la actual -en vigor desde 1993-, está compuesta por nueve títulos, 87 artículos, cuatro disposiciones adicionales, once disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales, y entre otros aspectos, crea el distintivo «Caza Natural de Castilla-La Mancha», una marca con la se podrán crear categorías que vengan a reconocer la excelencia en la gestión cinegética.
Además, se recoge que la Junta pueda acordar con comunidades limítrofes las condiciones que hagan viable la constitución de Zonas Colectivas de Caza con superficie en ambas.
EL PSOE RECUERDA QUE HAY 104.000 FIRMAS CONTRA LA LEY
En cambio, el portavoz de Agricultura del PSOE en las Cortes, José Luis González, ha pedido en repetidas ocasiones la retirada de esta ley, al considerar que no ha sido consensuada «con casi nadie» del sector y ha señalado que, incluso algunas asociaciones como Atica, que en un primer momento se mostraron a favor de la norma, han manifestado su rechazo.
También ha recordado que se han recogido 104.000 firmas pidiendo la retirada del proyecto de ley y se ha celebrado una manifestación en contra de la norma, por lo que ha comentado que «si no se ha hablado con casi nadie, casi nadie ha participado, lo lógico es que al final la gente reaccione, proteste».
Por ello, ha insistido en pedir la retirada de este proyecto de ley y que se inicien la elaboración de una nueva norma a partir de un diálogo «sensato y real».
Sin embargo, González ha explicado que su grupo ha mantenido vivas para el pleno el debate de 135 enmiendas parciales para tratar de «paliar» algunos de los aspectos que, a su parecer, son más negativos.
Especial hincapié ha hecho en rechazar el «carácter comercial e intensivo de la caza», pues ha sostenido que «casi el 99 por ciento de los cazadores tampoco están a favor de este modelo de caza comercial e intensiva».
También ha detallado que su grupo se manifiesta contrario a la aprobación de la caza con la técnica del lanceo y en que se pueda sancionar con multas que van desde los 3.000 a los 30.000 euros por «salir al campo a coger setas los días previos a una cacería», por lo que ha pedido que se hagan públicos los días en que se cazará en un terreno.
UNA LEY DIALOGADA, DEFIENDE EL PP
En cambio, la diputada del PP en las Cortes Carolina Hernández ha defendido el carácter consensuado de la norma, pues ha indicado que, debido a las alegaciones presentadas por los colectivos y a las enmiendas parciales aprobadas, se han modificado 51 de los 87 artículos de la ley.
«Ha habido participación ciudadana, de los sectores implicados y de los grupos políticos. No puede decir que es una ley sin participación», ha criticado Hernández.
La diputada regional ha aseverado que esta ley apuesta por una actividad cinegética «de calidad, sostenible, compatible con otros usos» de los espacios naturales y por el «aprovechamiento de todos los recursos de la región para impulsar su desarrollo económico.