La ZEPA pasaba de tener 1.000 hectáreas a 25.000 y, con ello, la polémica estaba servida.
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En julio, el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, aumentaba la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna del Hito, donde se incluían los terrenos del almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca). El objetivo inmediato era proteger aves como las grullas y otras especies esteparias entre las que se encuentran las avutardas. La ZEPA pasó de 1.000 a 25.000 hectáreas.
El objetivo central de la decisión era paralizar las obras del cementerio nuclear. Page tiró de legislación medioambiental para cumplir su promesa de paralizar el ATC, en lo que tiene el respaldo de los colectivos verdes y de la izquierda política.
El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, se encargaba de explicar y gestionar la decisión. A finales de octubre, el Gobierno de Mariano Rajoy interponía un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de CLM. La Plataforma contra el Cementerio Nuclear tachaba la decisión del Gobierno central de medida propagandística. Y el alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, la defendía a capa y espada.
Al mismo tiempo, el Plan de Ordenación Municipal de la localidad era anulado por la Junta, mientras el alcalde anunciaba una querella contra el presidente de CLM. En la zona «no hay ni una grulla», repitía sin cesar.
El Gobierno de CLM ha defendido que los terrenos no son adecuados, que el POM era inviable y en su batalla se han encontrado aliados imprevistos, técnicos del Consejo de Seguridad Nacional que han alertado contra la seguridad del terreno y han denunciado presiones de sus superiores contra sus informes.