La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha anunciado que sus compromisos inmediatos son agilizar el Ingreso Mínimo de Solidaridad y las Ayudas de Emergencia Social, y poner al día los expedientes de dependencia, además, espera duplicar las plazas de estancia temporal en residencias.
Estas son algunas de las líneas de trabajo que ha comprometido la consejera en su comparecencia en la Comisión de Bienestar Social de las Cortes regionales para informar sobre la política general de su departamento esta legislatura.
Con el objetivo principal de «recuperar los servicios sociales» en Castilla-La Mancha como derechos de ciudadanía para lo cual recuperará la ley de servicios sociales de 2010, la consejera ha explicado los ejes de actuación que aplicará contando siempre, ha dicho, con la participación social.
Ha explicado que se va a elaborar una Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social, en colaboración con las entidades comprometidas, y ha señalado que se ha empezado ya a realizar la reforma del Ingreso Mínimo de Solidaridad y las Ayudas de Emergencia Social, así como ha añadido que se prestará ayuda a los refugiados a través de la recién creada oficina de atención.
En relación con las personas mayores, Sánchez ha dicho que se va a actuar en dos direcciones, una, promover el envejecimiento activo, y segunda, atender a los mayores en situación de dependencia, para lo cual se van a aumentar las plazas destinadas a estancias temporales en residencias, en las que también se facilitará el acceso de los cónyuges para no romper la unidad familiar.
La consejera ha dicho que tiene la previsión de duplicar el número de este tipo de estancias temporales, que se recomiendan para las personas que se tengan que recuperar de intervenciones quirúrgicas, como «respiro» de los cuidadores o durante la realización de obras en el domicilio, por ejemplo.
Respecto a la ley de la dependencia, ha explicado que, con la entrada en vigor como beneficiarios de las personas dependientes de grado 1 (moderado), hay 22.000 expedientes más, a los que hay que sumar otros 9.000 pendientes de valoración, con lo cual en total hay 30.000 expedientes pendientes de tramitar, y a los que además «hay que ofrecerles prestaciones acordes con su grado de dependencia».
En ese sentido, Sánchez ha dicho que la dependencia tiene para el gobierno una prioridad presupuestaria y de recursos humanos, por lo que está «valorando la incorporación de recursos humanos» en los servicios de dependencia de las direcciones provinciales para resolver la tramitación de los expedientes pendientes.