La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha propuesto un Pacto para la Dependencia que permita blindar los derechos reconocidos y que impulse y modifique el sistema de financiación, entre otros aspectos.
Sánchez ha comparecido hoy en la comisión de Bienestar Social de las Cortes para informar sobre la evolución del sistema público de servicios sociales en Castilla-La Mancha y sobre dependencia, y ha pedido al PP que inste al Gobierno de España a favorecer ese pacto.
La consejera ha indicado que se trataría de un pacto, además, para que se apoye y proteja a las personas cuidadoras de manera que se favorezca nuevamente su incorporación al sistema de la Seguridad Social, que apueste por los servicios y la empleabilidad y que promueva la efectiva incorporación al sistema de las personas en situación de dependencia.
En el caso de los cuidadores familiares, ha recordado que cuando se creó la ley de dependencia había un apoyo económico para su incorporación a la Seguridad Social que «en este momento ha desaparecido».
En ese sentido, Sánchez ha dicho que lo que se va a hacer es considerar la prestación para cuidador familiar en el entorno en algunos casos que son «verdaderamente importantes», como aquellos en los que se trata de hijos con discapacidad y los cuidadores deben ser los padres.
Esos casos se van a priorizar y no van a ser una excepción, sino la normalidad, así como en los casos de zonas rurales en donde existan dificultades para acceder a centros o prestaciones.
La consejera ha explicado que la situación en dependencia que se encontraron al llegar al gobierno era que había 4.409 beneficiarios menos que en 2011, 6.554 prestaciones menos y 7.111 prestaciones económicas menos que hace cuatro años.
En los primeros 100 días de gobierno socialista se han tomado medidas como, ha enumerado Sánchez, recuperar el dialogo con los colectivos de dependientes, se ha derogado la normativa que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la región y se ha empezado la tramitación del nuevo decreto de dependencia.
Asimismo, se ha adelantado el pago de prestaciones económicas para personas dependientes, se ha iniciado la contratación de trabajadores para agilizar los expedientes pendientes, se ha propuesto la eliminación o modificación de una decena de tasas relacionadas con la dependencia y la discapacidad y se han incorporado al sistema a los dependientes moderados.
En cuanto a la aportación presupuestaria al sistema de dependencia, ha señalado que, en 2014, el 66,9 por 100 era aportado por el Gobierno regional, el 17,3 por 100 era copago de los beneficiarios y el 15,9 por 100 era la parte del Gobierno de España, frente al 39,2 que aportaba en 2009.
Por lo que respecta al modelo de servicios sociales, Sánchez ha dicho que se va a recuperar la ley de servicios sociales de 2010 que fue aprobada en las Cortes por unanimidad y que suponía un avance al concebir los servicios sociales como auténticos derechos de ciudadanía.
También ha propuesto un nuevo modelo de servicios sociales en el que será fundamental colaborar con la administración local para cubrir el 100 por 100 del territorio con la red de servicios sociales básicos.
El portavoz de Podemos en la comisión, José García Molina, ha defendido la profesionalización de los servicios sociales y, respecto a dependencia, ha inquirido por aspectos concretos de la aplicación de la ley.
Por parte del PSOE, José Luis Escudero ha lamentado que durante el anterior gobierno el colectivo de los dependientes fue de los más maltratados y, de hecho, Castilla-La Mancha fue suspendida por el observatorio de la dependencia.
La portavoz del grupo popular, María Cortes Valentín, ha señalado que la ley ya nació con financiación insuficiente y desde entonces ya se fueron retrasando los pagos.