La probabilidad de que aumente la bolsa de la exclusión social en España, a pesar del crecimiento económico, es «tremendamente elevada», según Cáritas, que sitúa a Castilla-La Mancha entre las regiones «en peor situación», junto al resto de regiones del sur del país.
Esta es una de las conclusiones del informe «Análisis y perspectivas 2016» de la Fundación de Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa), titulado «Expulsión social y recuperación económica», que se ha presentado hoy en Madrid.
Guillermo Fernández, miembro del comité técnico de la fundación de Cáritas, ha explicado que «en períodos de recesión económica, la pobreza aumenta rápidamente, pero cuando crece la economía, no desciende de la misma manera e, incluso, permanece estancada».
La directora de Comunicación, Sensibilización e Incidencia de Cáritas, Natalia Peiro, ha estimado que esta situación se está haciendo «invisible para gran parte de la sociedad» y ha expresado su preocupación por el ensanchamiento de la «fractura social» después de la crisis.
El análisis territorial de la desigualdad, la pobreza y el desempleo muestra una España a dos velocidades y refleja que, como consecuencia de la crisis, se ha generado un proceso de divergencia entre las comunidades autónomas.
La investigación revela que las diferencias en el eje norte-sur del país no sólo se mantienen, sino que tienden a aumentar.
Así, las regiones del sur, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Canarias y las Islas Baleares se encontrarían «en peor situación» ante una eventual salida de la crisis.
Cantabria, el País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón, las autonomías del norte, estarían «en mejor situación» desde el punto de vista de la pobreza, la desigualdad y el desempleo más grave.
Fernández ha precisado que los indicadores de desempleo analizados, que serían el desencadenante más claro de una buena posición de salida para la población en peor situación, muestran una recuperación muy débil y, en algunos casos, se encuentran muy alejados del ritmo necesario para impulsar una reducción intensa de la pobreza y la desigualdad.
«Las diferencias regionales de la pobreza apuntan a una salida divergente de la crisis para cada una de las comunidades», ha indicado el experto, quien ha resaltado que esta disparidad seguirá provocando aumentos en las diferencias en la desigualdad, en la pobreza y en el bienestar social.
A pesar de los años de recuperación económica, ha subrayado, la situación de salida para el conjunto de las comunidades autónomas ofrece una «peor situación» respecto a los datos recogidos en el año 2009 en el primer impacto de la crisis.
Ante las elecciones generales del 26 de junio, la directora del Área de Comunicación de Cáritas ha hecho un llamamiento a recuperar para la política social a «los ignorados y los expulsados», sobre todo, en un momento como el actual, donde el deterioro de un sector significativo de la sociedad exige una mayor altura de miras a los partidos.
Cáritas insta a las fuerzas políticas a destinar 10.000 millones de euros para establecer una renta garantizada con el objetivo de proteger a tres grupos sociales vulnerables: los hogares en pobreza severa, los trabajadores pobres y las familias con hijos a cargo.
Fernández ha recordado que España tendrá que afrontar a muy corto plazo una previsión presupuestaria cercana a esa cantidad para responder al esfuerzo reclamado por la Comisión Europea para corregir la desviación del déficit.
Por ello, se ha preguntado si la cuarta economía de la zona euro y la decimotercera del mundo en términos de Producto Interior Bruto no debe realizar un esfuerzo presupuestario y fiscal similar para contar con un sistema de garantía de rentas que reduzca la pobreza y permita rescatar los derechos y la dignidad de millones de personas.