El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado al Gobierno de España financiación para poder asumir como comunidad autónoma la reforma de la Ley de Dependencia estatal, un texto que la Junta dice no conocer todavía.
Lo ha pedido este miércoles la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, a preguntas de los medios de comunicación en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, tras la inauguración del belén que ha instalado la Asociación Provincial de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de la provincia de Toledo (Apanas).
Tal y como ha informado Europa Press este martes, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; ha anunciado que ya está listo para su aprobación el texto de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia para hacer efectivos los cambios en el artículo 49 de la Constitución.
García Torijano ha expresado que «todavía no nos han convocado en Consejo Territorial para informarnos, pero entendemos que las modificaciones de esa ley tienen que ir acompasadas de presupuesto suficiente».
Así, la Junta de Castilla-La Mancha está esperando a ver cómo se concreta y en qué se materializa la reforma para acoplarla a la cartera de servicios, recursos y competencias autonómicas.
De cualquier forma, la titular de Bienestar Social ha pedido «que no se hagan brindis al sol» sino que «todo venga consensuado, reforzado y establecido para que la ciudadanía pueda disfrutar de sus derechos como corresponde».
«Esto implica, una vez más, financiación», ha continuado la consejera, quien ha señalado que aunque el Gobierno de España «ha hecho un esfuerzo importante» para incrementar su aportación a la Ley de Dependencia con un 30 por ciento de los costes «todavía está lejos de llegar al 50 por ciento corresponsable» que se marca.
De esta forma «todavía queda un 20 por ciento de financiación que para las comunidades autónomas supone una carga presupuestaria importante que difícilmente, si se incorporan nuevas adaptaciones a la ley, se van a poder asumir con garantías», ha acabado la consejera de Bienestar Social.