El Consejo regional de CCOO de Castilla-La Mancha ha aprobado una resolución en la que denuncia «el creciente menoscabo de los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía» y ha acusado de ello tanto al Delegado como a los subdelegados del Gobierno en la región. Una denuncia que, según destaca en un comunicado, viene dada por «la grabación, identificación policial y apertura de expedientes e imposición de sanciones a huelguistas y manifestantes por el mero hecho de ejercer su derecho a manifestarse o a secundar una huelga».
En este sentido, ha explicado que, en apenas cinco meses, los subdelegados del Gobierno han incoado varias decenas de expedientes sancionadores a raíz de la huelga general del 29M y las movilizaciones sectoriales que tienen lugar en la región.
CCOO ha denunciado, también, «los condicionantes inauditos e injustificados» que vienen exigiendo las subdelegaciones del Gobierno para poder ejercer el derecho de reunión, así como la «desmesurada presencia policial en cada manifestación pública».
Ha acusado a los representantes del Gobierno en Castilla-La Mancha de «tergiversar el papel que les corresponde como garantes del libre ejercicio de los derechos fundamentales» y, además, de «criminalizar a quienes ejercen, tratando de transformar cada expresión de protesta social en un conflicto de orden público».
En este sentido, ha concretado que el pasado 1 de marzo el secretario general de CC.OO. de Castilla-La Mancha, José Luis Gil, remitió una carta al delegado del Gobierno en la región, Jesús Labrador, en la que le exigía explicaciones por las «actuaciones desmedidas e ilegales» de los cuerpos y fuerzas de seguridad durante la jornada de huelga general de empleados públicos de la Junta del 29 de febrero.
En la misiva, Gil reclamaba a Labrador «la corrección de estas malas prácticas», pero cuatro meses después «estas actuaciones reprobables y regresivas se están convirtiendo en habituales en nuestra región», ha denunciado el Consejo regional de CCOO.
Por ello, ha vuelto a instar a los representantes del Gobierno a que «reconduzcan esta deriva» y ha ofrecido, una vez más, «su respaldo a todos los ciudadanos que pudieran ver mermados o vulnerados sus derechos y libertades por un abuso de autoridad impropio de nuestra democracia».