La empresa Automoción Albasa, concesionaria de Peugeot en Albacete, ha presentado un expediente de cierre que afecta a sus 33 trabajadores y ha anunciado que cesa su actividad el dos de septiembre después de prestar servicio en la capital desde el año 1966, según el sindicato Comisiones Obreras.
Representantes de los trabajadores en Albasa, junto a la secretaria regional de acción sindical en la Federación de Comercio de CCOO, Paqui Navarro, han comparecido en rueda de prensa para explicar la situación de la empresa y anunciar la intención de recurrir el expediente de cierre en los tribunales. Han explicado que la empresa les ha avanzado que irá también a un concurso de acreedores.
Juan Manuel López de Prado, delegado de personal en Albasa-Peugeot, ha dicho que la empresa ha planteado la extinción de los 33 contratos «sin ninguna negociación, es cierre o cierre», y ha rechazado que se deba a motivos económicos porque la concesionaria «tiene viabilidad y sólo ha tenido pérdidas en el último año, después de 10 años de beneficios mucho mayores».
López de Prado ha dicho que los trabajadores creen que «Albasa lleva dos años planificando el cierre, esperando la nueva reforma laboral», y en ese tiempo «han creado empresas paralelas que han ido nutriéndose de los beneficios de Albasa», por ejemplo «los locales de la empresa se han puesto a nombre de otras empresas y Albasa empezó a pagar un alquiler».
El delegado de Personal ha dicho que tienen «sospechas» de que en poco tiempo Peugeot tendrá otro servicio de mantenimiento y venta en Albacete, «porque la marca no se puede permitir no tener servicio oficial aquí».
Paqui Navarro ha criticado que lo que se pretenda sea despedir a estos trabajadores «cualificados y con antigüedad» y «contratar a gente joven con contratos basura» y ha pedido a Peugeot que cuente con la actual plantilla al tiempo que ha asegura que hace «corresponsable» a la marca y estudia demandarla en los tribunales. La dirigente regional de CCOO ha asegurado que el ERE irá a los juzgados porque «no se ajusta» a la normativa y entienden que hay «mala fe» porque la empresa «no ha querido negociar nada».
Navarro ha criticado la actitud de la empresa que «nos ha dicho que las indemnizaciones las pagará el Fogasa», y ha acusado a una de las directivas del grupo empresarial de Albasa de «amenazar a los delegados de personal en la misma Inspección de Trabajo». Asimismo, la dirigente sindical ha pedido auxilio a las administraciones y ha criticado su «pasividad» ante los cierres de empresas albaceteñas «consolidadas» como Adimpo, Gamesa o Albasa.