CCOO Castilla-La Mancha ha exigido explicaciones públicas exhaustivas y, en su caso, que se depuren las responsabilidades de toda índole a que hubiera lugar en la polémica surgida por el cese de Noelia Cano Martínez, jefa de la Inspección de Trabajo de Toledo, quien ha sido retirada de su cargo -según las informaciones aparecidas- por haber abierto un expediente a una empresa de la provincia propiedad de un familiar de un alto cargo del Partido Popular. «Al frente de una delegación con medios seguramente insuficientes, Noelia Cano Martínez siempre ha mantenido una actitud de exigencia en el cumplimiento de las normativas laborales y de Seguridad Social acorde con la plena autonomía técnica y funcional y con la independencia exigida a las Inspecciones de Trabajo, tal como establecen los convenios correspondientes de la OIT», dice el sindicato en nota de prensa.
CCOO considera imprescindible aclarar si su cese se debe a presiones del ámbito político y de forma singular si han existido injerencias por parte del Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, tal como denuncian los funcionarios del cuerpo de inspectores de Toledo en el escrito dirigido al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en concreto a la dirección general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de dicho ministerio.
«Es de todo punto inadmisible que las razones del cese puedan estar relacionadas con la tramitación en la Inspección de Trabajo de Toledo de unos expedientes sancionadores a la empresa de un familiar directo del coordinador provincial de Empleo dependiente de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Comunidades en la provincia de Toledo, y de los intentos de influir en la decisión de los funcionarios de la Inspección de Trabajo, para en su caso eventualmente paralizar dicha sanción».
Comisiones Obreras añade que «nos parece de suma gravedad que lo que es a todas luces un trabajo riguroso e independiente de la Inspección de Trabajo de Toledo se vea comprometido por las presiones políticas llevadas al extremo del cese de la inspectora jefe; mientras los responsables políticos, lejos del deber de abstenerse en un caso que afecta a un familiar, propician un evidente trato de favor hasta el punto de poder vulnerar la legalidad con este comportamiento».
Cree «inaceptable y socialmente reprobable» que el Gobierno de Castilla-La Mancha, que en sus diferentes ámbitos de actuación tiene la obligación de actuar de acuerdo con la ley, pudiera amparar actuaciones que vulneran la igualdad de trato a los ciudadanos y pervierten las funciones encomendadas en su ámbito de gestión.
«Hoy más que nunca es exigible a los responsables políticos una actuación ejemplarizante, en un momento en el que los comportamientos éticos y la transparencia deben ser inherente a los cargos públicos».
Por último, CCOO exige al Gobierno de Castilla-La Mancha que se aclaren estos gravísimos hechos dando a conocer tanto las actas infractoras como los procedimientos incoados; y, en su caso, se depuren las responsabilidades políticas -o de otro tipo- a que hubiera lugar, comenzando por la actuación de Marcelino Casas como coordinador provincial de Empleo de Toledo; así como, en su caso, las injerencias e intervención de Jesús Labrador, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.