El sindicato CCOO de Castilla-La Mancha ha pedido a la Junta que abra negociaciones para revertir «la pérdida de calidad del servicio público educativo» y «la pérdida de empleos y de derechos de los trabajadores» a consecuencia de «los recortes aplicados en los años del gobierno del PP».
Ante esta situación, CCOO ha reclamado «que se hagan realidad cuanto antes los anunciados compromisos de negociación hechos por el Gobierno regional» así como un «incremento de los presupuestos dedicados a educación», según ha informado el sindicato en una nota de prensa.
Respecto al inicio del curso, CCOO ha señalado que «como consecuencia de los recortes aplicados en los años del PP» la plantilla de los trabajadores docentes y no docentes «es similar al de años anteriores, es decir, escasa», por lo que el inicio de las clases será «con déficit de personal y con alta precariedad».
El número de docentes interinos que se incorporan mañana, día 1 de septiembre, a los centros educativos de Castilla-La Mancha asciende a 3.911, 621 más que en 2014, de los que 1.924 son de Infantil y Primaria (464 más que el año pasado) y 1.987 de Enseñanzas Medias (157 más que el año pasado).
Pese a ello, han criticado que «la precariedad y la baja calidad de muchos de los empleos sigue siendo muy alta», pues 1.154 (el 29,50 %) son plazas a tiempo parcial, 346 en Infantil y Primaria (el 17,98 %) y 808 en Enseñanzas Medias (40,66).
CCOO ha valorado que los maestros interinos se incorporen a los centros el día 1 de septiembre «en lugar de hacerlo el día en que se incorporan los alumnos, como se ha hecho en los últimos años».
En cuanto al personal no docente, consideran «imprescindible» acelerar la cobertura de vacantes y la creación de las plazas necesarias «para que el día de la incorporación de los alumnos las plantillas de los centros estén completas».
Respecto a la LOMCE, el sindicato ha subrayado que este nuevo curso «es el de la implantación generalizada», y esperan que «también el de su derogación».
Por ello, han destacado que seguirán «pidiendo su paralización y la apertura inmediata de negociaciones» para conseguir una nueva ley «que cuente con el apoyo de los distintos sectores de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad y que saque a la educación de la lucha partidista».
Mientras esto no ocurra, han señalado, consideran necesario «hacer todo lo posible por minimizar los efectos de esta ley», a través de medidas «que devuelvan la democracia al funcionamiento de los centros y a la elección de los equipos directivos».