CCOO ha recurrido el Decreto de imposición de servicios mínimos dictado por el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Provincia de Toledo para la huelga indefinida que comenzará el próximo 2 de enero en la empresa mixta Gesmat, encargada de la recogida de basuras y limpieza viaria de todos los pueblos de Toledo, salvo Toledo capital y Talavera.
El recurso del sindicato, presentado esta misma por el procedimiento especial de Protección de Derechos Fundamentales, solicita al juzgado medidas cautelarísimas para que se suspenda de inmediato, en todo o subsidiariamente en parte, el decreto citado, ha informado Comisiones Obreras.
En escrito dirigido al juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo que por turno corresponda, el sindicato explica que el mencionado decreto fue firmado por el presidente del Consorcio -cuya legitimidad para hacerlo se cuestiona en tanto que este organismo es socio de Gesmat, de la que posee un 40 por 100- el pasado día 22 de diciembre, apenas unas horas después de que la empresa entregara ese mismo documento al Comité de Huelga, sin que el comité tuviera tiempo de analizarlo y sin esperar la opinión de los representantes de los trabajadores.
En su petición al Juzgado, CCOO denuncia la falta de motivación de los servicios mínimos decretados por el Consorcio, y subraya la desproporción en la que incurre el Decreto al designar como servicios mínimos al 75 por 100 de los trabajadores que tendrían que trabajar por cuadrante en una jornada normal; lo que supone un auténtico vaciamiento del derecho fundamental de huelga.
Por todo ello, el sindicato solicita la suspensión del Decreto o subsidiariamente su suspensión parcial y su adaptación tomando como referencia los servicios mínimos dictados para la empresa Gesmat en anteriores conflictos colectivos (las huelgas generales de 2010 y 2012), cuando las personas designadas como servicios mínimos rondaron las 50.
Y PIDEN LA DESTITIUCIÓN PRESIDENTE DEL CONSORCIO, TOMÁS VILLARRUBIA
Por otra parte, y además del control judicial del Decreto emitido por el Consorcio, CCOO exige la dimisión, o en su defecto la destitución inmediata, del presidente de este organismo, Tomás Villarrubia.
«Este señor, que se autodenomina ‘pro-obrero’ y se vanagloria de estar donde está por su pertenencia a un partido que incluye en su denominación la palabra ‘obrero’, ha desposeído a los trabajadores de GESMATde su derecho a la huelga, imponiendo unos servicios mínimos que cuadruplican los que hace cuatro años impuso el PP en la huelga general del 14 de noviembre de 2012», argumenta Carlos García Montoya, secretario de Acción Sindical de CCOO-Construcción y Servicios de CL.
En aquella Huelga, recuerda García Montoya, los servicios mínimos se fijaron en 53 personas. «Ahora, el señor Villarrubia impone 198».
«Después de firmar un decreto que expropia a los trabajadores de su derecho fundamental a la huelga, Tomás Villarrubia tiene que dejar de ser presidente del Consorcio, al menos tiene que dejar de serlo en nombre de un partido que incluye en su denominación la palabra ‘obrero, un señor que desprecia y viola el derecho fundamental a la huelga tiene que asumir la responsabilidad política que ello conlleva, y si él no lo hace, que se lo demande el Partido Socialista Obrero Español», ha insistido el sindicalista
Con todo, García Montoya subraya que «más que confrontar con el señor Villarrubia sobre sus maneras de violar el derecho de huelga, de lo que se trata hoy es de exigir a Gesmat y a sus dos socios, Ferrovial y Diputación de Toledo, que concreten en la mesa de negociación esos mensajes que están lanzando públicamente sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo que evite la huelga».
«Hasta ahora, en todo el año 2016, si alguien ha hecho algún movimiento de acercamiento en la mesa de negociación siempre ha sido la parte social. Nunca la empresa. Las únicas renuncias han sido las de los trabajadores. Ya es hora de que, de una vez por todas, la empresa ponga de su parte. Si no, a las 21 horas del 1 de enero comenzaremos la huelga indefinida», añade.
Recordamos finalmente a la Diputación, por si quiere entender y asumir la responsabilidad que le compete, que su obligación es «garantizar a nuestros municipios la prestación de servicios».