El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (Cermi-CLM) confía en que en 2017 el Gobierno regional dé forma a un sistema de concertación social que ordene la prestación de servicios sociales, educativos y sanitarios. Así lo han indicado hoy en rueda de prensa la presidenta y el gerente del Cermi-CLM, Cristina Gómez y José Antonio Romero, quienes han recordado que hay una directiva europea de 2014 que establece el desarrollo de un sistema de concierto social, el cual tenía que haberse traspuesto a las normativas autonómicas el pasado mes de abril.
«A pesar de ello, solo siete comunidades autónomas han hecho esa trasposición, bien a través de sus leyes de servicios sociales o a través de otras herramientas jurídicas como decretos o decretos leyes», por lo que los representantes del Cermi esperan que el próximo año el Gobierno castellanomanchego avance en su concreción.
Al respecto, Gómez ha comentado que hay voluntad de la Administración autonómica, al menos, en avanzar hacia la fluidez de los pagos, de forma que «aunque en 2017 no esté desarrollado totalmente el concierto social, «se ha planteado que se hagan pagos mensuales a partir de junio».
Por su parte, Romero ha dicho que este sistema de concertación social tiene como finalidad poner orden en la prestación de servicios sociales, educativos y sanitarios.
«El objetivo es que haya un sistema de concertación social donde la Administración oferte todas las plazas públicas que existen en la región en este tipo de servicios, que se fije un precio por plaza con arreglo a sus características específicas y a partir de ahí que se establezcan unos convenios con carácter plurianual», ha añadido.
De lo que se trata, según Romero, es de dar seguridad jurídica a la persona, que sus servicios estén garantizados y que no dependa de factores como la disponibilidad presupuestaria.
En este sentido, Romero ha dicho que en el Consejo de Gobierno abierto del pasado martes los responsables del Cermi percibieron que el Ejecutivo autonómico «está muy concienciado, está trabajando en esta línea y quiere comenzar a cambiar las formas de colaboración para el año que viene», por lo que esperan que en 2017 se pueda dar forma a este sistema de concertación social.
El gerente del Cermi ha destacado, además, que la normativa europea permite que haya un concierto social específico para entidades sin ánimo de lucro.
Asimismo, Gómez y Romero han confiado en que en 2017 se apruebe la ley del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, para la que ya hay un borrador y sobre la que ya han mantenido dos reuniones con las consejerías de Bienestar Social y de Hacienda y Administraciones Públicas.
Esta ley tiene establecer el marco global de relaciones entre el tercer sector y las Administraciones públicas y, por lo tanto, va a poner los pilares para que se regule el concierto social, ha señalado el gerente del Cermi.
Al respecto, ha dicho que «el asunto del concierto va a marcar un poco la hoja de ruta, después de que la pasada semana el Consejo de Ministros aprobase el anteproyecto de la nueva ley de contratos del sector público, que viene a recoger la trasposición de la directiva de la Unión Europea».
El anteproyecto está en tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y de lo que se decida en la Cámara Baja «va a marcar mucho lo que se tenga que hacer en las comunidades autónomas», ha añadido Romero.
Por su parte, el vicepresidente del Cermi-CLM y delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez, ha abogado porque la ley del Tercer Sector se apruebe por unanimidad en las Cortes regionales y que tenga el consenso de los tres grupos con representación en la Cámara autonómica.
Y aunque ha recordado que aún se está en una fase muy embrionaria del proceso, el Cermi tiene claro que la ley «debe reconocer a las entidades del Tercer Sector, estas organizaciones sociales que son un cinturón de seguridad para las personas de la región que tienen más dificultades».
Martínez ha añadido que la futura ley debe establecer un marco de relación distinto, que asegure la estabilidad del sector en la comunidad autónoma, reafirme los derechos y reconozca espacios formales de trabajo con la Administración, como la Mesa de Diálogo Civil.