Castilla-La Mancha ha sido en 2017 la segunda comunidad autónoma que más ha incrementado porcentualmente el número de beneficiarios de la ley de Dependencia, un 24,5 por ciento, solo por detrás de Navarra (25,9 por ciento), según los datos del Sistema de Atención a la Dependencia.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha denunciado que uno de cada cuatro dependientes reconocidos por la ley de Dependencia en 2017 se encuentra en la lista de espera para recibir los servicios y prestaciones a los que tienen derecho.

El 2,7 de la población española, en situación de dependencia

Con los últimos datos oficiales del Sistema de Atención a la Dependencia al cierre del pasado mes de diciembre, la asociación recuerda que 1.264.951 personas tienen reconocida su situación de dependencia (el 2,7 % de la población); de ellas 954.831 están siendo atendidas, mientras que 310.120 están en lista de espera.

«Se confirma en 2017 una recuperación del Sistema de Atención a la Dependencia que se inició en 2015, al calor de la sensibilidad de los nuevos Gobiernos Autonómicos y por la incorporación de los dependientes moderados (en julio de 2015)», valoran los directores de los servicios sociales.

Sin embargo, la asociación alerta de que en 89.267 beneficiarios del sistema -el 10 %- se está prestando un sistema de atenciones de bajo coste, es decir, «que no suponen auténtico apoyo a las personas, que no generan suficientes retornos y que no son fuente de empleo».

Dos tercios de las dependientes, mujeres

Respecto al perfil de los dependientes, dos tercios son mujeres y un tercio son hombres y por edad, más del 70 % de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 superan ampliamente el 50 %.

La organización destaca la reducción de la lista de espera en 38.189 personas, pero lamenta que a «ese ritmo se necesitarían más de ocho años solo para atender a la actual acumulación de la lista de espera».

«Resulta especialmente preocupante que casi el 40 % de las personas desatendidas son dependientes con Grado II o III (dependientes severos y grandes dependientes); en total 120.368 personas» y que, según los últimos informes, en 2016 se produjeron más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos.

Aragón y Comunidad Valenciana, también a la cabeza

Las comunidades que más han incrementado porcentualmente el número de beneficiarios en el último año han sido, además de Navarra y Castilla La Mancha, Aragón (21,8 %) y la Comunidad Valenciana (19,3 %); solo en La Rioja decreció en número de atendidos (2,3 %).

La asociación de directores de los servicios sociales expresan su preocupación por la situación de Cataluña, que tiene la mayor tasa de lista de espera (37,1 %) y que «precisaría de más de once años para absorber esa lista».

Recuerda que la aportación de la Administración General del Estado al sistema es del 17 %, mientras que las comunidades aportan el 63 % y los propios usuarios el 20 % restante.

«El Gobierno de España incumple una la Ley de Dependencia ya que debe garantizar financiación suficiente para el ejercicio de los derechos con independencia de la comunidad de residencia», concluye.

[ze_summary text=»La Plataforma de la Ley de Dependencia critica que hay 11.654 personas menos con derecho a la atención»]La Plataforma de la Ley de Dependencia critica que hay 11.654 personas menos con derecho a la atención[/ze_summary] 

La Plataforma de la Ley de Dependencia ha criticado que los datos del Imserso reflejan que, al concluir 2017, había en Castilla-La Mancha 11.654 personas con derecho reconocido por ley que no están siendo atendidas y «lo más grave son los expedientes en los cajones»,es decir, personas aún no valoradas.

En un comunicado remitido en la tarde de ayer, lunes 22, la Plataforma Regional de la Dependencia ha lamentado también que, según los mismos datos, se han perdido 495 prestaciones económicas, 41 al mes, casi 1,5 diarias durante todos los días de 2017 y se han perdido 255 grandes dependientes (Grado III), 151 dependientes severos (Grado II) y 1.415 dependientes moderados (Grado I).

Pero «lo más grave», a juicio de la Plataforma, son «los expedientes en los cajones, personas que aún no han sido valoradas y que el presidente regional se comprometió a acabar con ellos durante su primer año de mandato y que han aumentado en un solo año en 2.625, un 50 por ciento más».

En este punto, la Plataforma ha querido resaltar, en alusión a Podemos, que el partido «que parecía que venía a regenerar la vida política y poner por delante las necesidades de este colectivo, está siendo colaborador necesario con su silencio cómplice de lo que esta ocurriendo», concluye la plataforma su nota.