El sindicato CSIF ha calificado de «muy importante» que se apruebe una ley donde se tipifique como delito de atentado las agresiones al personal de las instituciones sanitarias públicas tras denunciar que los actos violentos contra profesionales en Castilla-La Mancha han aumentado en un 43 por 100 en 2013.
El presidente del sector autonómico de Sanidad del CSIF, Juan José García, se ha congratulado en rueda de prensa que la ministra de Sanidad, Ana Mato, estimara la petición de su sindicato para que se pueda catalogar como delito de atentado a la autoridad pública cualquier agresión a todos los profesionales del sector sanitario.
Precisamente, el borrador del proyecto de ley se va a presentar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se reúne el miércoles en Toledo, ha avanzado García en rueda de prensa.
«Es un tema de mucha sensibilidad y una demanda histórica de muchas instituciones», ha añadido García, quien ha entendido que «es hora de que se contemple en un ley única» en toda España porque, ha precisado, ya esta fijado como delito en Aragón y Castilla y León.
Y todo, ha sustentado, porque el número de notificaciones de agresiones a personal sanitario en Castilla-La Mancha en 2013 ha aumentado de 12 a 17, que supone un crecimiento del 43 por 100, cuando a nivel nacional la media de agresiones había descendido en un 15 por 100.
En datos del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial de España, García ha detallado que más del 60 por 100 de denuncias son en atención primaria, y de ellas un 80 por 100 en urgencias, y que el 90 por 100 de las agresiones se producen en centros públicos.
Un aumento en las agresiones que ha achacado a los recortes en los últimos tres años y, con ellos, el incumplimiento del Plan Director de Seguridad Corporativa y de Protección del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), conocido por ‘Perseo’, creado en 2005 y que entre sus líneas de actuación incluía la creación del Observatorio a las Agresiones a nivel regional.
En este sentido, el coordinador autonómico de Prevención en Riesgos Laborales y Seguridad y Salud en el Trabajo, Carmelo Gómez, ha abundado en que la aplicación del Plan ‘Perseo’ fue positivo para profesionales y pacientes, pero que «con el cambio de Gobierno sus nuevos máximos responsables creyeron más importante recortar».
«Con ello aumentaron las bajas, los costes y con la reducción de trabajadores el aumento de las listas de espera, de la mortalidad y, también, de la violencia», ha denunciado Gómez.
Ha creído clave en el aumento de agresiones la no aplicación del nuevo servicio de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), que la Junta ha unificado en la Dirección General de la Función Pública, y cuyo Plan Director sigue «encima de la mesa y no se ha negociado».
Un Plan en el que, ha pedido, que se incluya una póliza de seguro colectivo y un teléfono de atención para «pedir asesoramiento, incluido el jurídico, en caso de agresión» porque, ha dejado claro Carmelo Gómez, «los profesionales no son los culpables y lo único importante es dar servicio de calidad».
En la comparecencia, por último, se ha informado de los últimos sucesos violentos conocidos.
A la agresión de un médico en el ‘Virgen de la Salud’ (31 de octubre) o la multitudinaria agresión en el ‘Nuestra Señora del Prado’ talaverano (1 de noviembre), los más recientes son el 2 de abril la agresión a un celador en la puerta principal del ‘Virgen de la Salud’; en marzo la agresión a una trabajadora en un centro de salud de Guadalajara, y el pasado 26 de mayo la agresión «casi física» a un médico ‘Virgen de la Salud’ cuando pasaba consulta.