Cataluña, Castilla-La Mancha y Navarra son las comunidades autónomas que acumulan más viviendas vacías disponibles, con 3.264, 2.615 y 1.026, respectivamente, según un estudio del Defensor del Pueblo que, no obstante, no tiene datos de Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares.
Estos datos forman parte del Estudio «Viviendas protegidas vacías» elaborado por el Defensor del Pueblo, según el cual en España hay 10.179 viviendas de protección desocupadas y disponibles en manos de las administraciones, mientras que 332.529 personas se encuentran inscritas como solicitantes de una de estas viviendas.
Becerril ha destacado las dificultades para elaborar el informe, debido no sólo a que algunas comunidades no ha aportado los datos solicitados, sino a la poca homogeneidad de los existentes.
A continuación de las tres comunidades citadas se sitúan La Rioja, con 1.018 viviendas desocupadas y disponibles; Castilla y León (944), Galicia (289), Madrid (284), Asturias (118), Aragón (103), Cantabria (65) y Murcia, con 27 viviendas desocupadas pendientes de adjudicación.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo pide que se mejoren los registros de vivienda protegida, aumentar la colaboración y coordinación entre las administraciones implicadas e implantar una inspección más eficiente.
Becerril propone, además, que en los registros de vivienda protegida se inscriban todas las casas, tanto las de promoción pública como las de promoción privada, y que incluyan a todos los solicitantes y sus preferencias de acceso, ingresos, etc, para conocer las necesidades de vivienda y las posibilidades de acceso.
El estudio presentado se ha elaborado con datos de las consejerías y organismos de Vivienda de todas las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla así como con información de 10 ayuntamientos de capitales con más de 350.000 habitantes.
Los datos reflejan que de las más de 250.000 viviendas gestionadas por las comunidades unas 13.500 están vacías, y de éstas 9.752 pueden considerarse disponibles (viviendas habitables que no están ocupadas).
Los grandes ayuntamientos estudiados gestionan 26.144 viviendas protegidas, de las que al menos 427 están vacías y disponibles.
Por último, recuerda que el Defensor recibe cerca de 1.000 quejas al año relacionadas con la vivienda y considera «ineficaz y poco aceptable» que haya viviendas de protección oficial y de protección pública desocupadas, propiedad de particulares o de administraciones públicas, «cuando hay decenas de miles de personas» sin una vivienda digna.