La consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, ha defendido hoy durante su intervención ante la ponencia de estudio del Senado para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España que la estrategia contra dicho fenómeno no debe ser sólo nacional, sino en especial europea.
Consejeros de las comunidades de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Galicia han pedido hoy en el Senado apoyo para impulsar un pacto de Estado contra la despoblación liderado por el Gobierno central.
En este marco, Casero ha destacado «la gran apuesta» por el mundo rural del Gobierno de Castilla-La Mancha, que trabaja «desde el primer día» para desarrollar una estrategia inteligente 2020 «que contribuya a mejorar la innovación y el fortalecimiento del tejido empresarial, que permita fijar población en los ámbitos rurales».
Casero ha indicado también que «la priorización del Gobierno regional a la hora de mantener servicios sociales básicos como la educación o la sanidad que, junto con la apuesta por las infraestructuras y las nuevas tecnologías, blindan el futuro de nuestros municipios».
Las seis comunidades que han comparecido hoy al Senado son las mismas que ya se han unido para demandar más fondos europeos para paliar este problema que afecta a España y, en especial, a sus territorios, o para demandar al Gobierno central que la dispersión poblacional o el envejecimiento pesen más en el próximo modelo de financiación autonómica.
Medidas que deben pasar por una estrategia nacional liderada por el Gobierno central y en la que participen todas las comunidades, las entidades locales y los agentes sociales y económicos, según ha explicado la consejera gallega de Trabajo y Bienestar, Beatriz Mato, quien ha reclamado un pacto de Estado de dinamización demográfica.
Se trata de alcanzar un acuerdo que perviva gobierne quien gobierne, tanto en el conjunto de España, como en cada comunidad autónoma.
En una línea similar se han manifestado los otros comparecientes, entre ellos el consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha planteado la puesta en marcha de un sistema nacional de conciliación de la vida familiar y laboral como una iniciativa de respuesta a los desafíos demográficos del Estado.
El consejero, como la responsable de la Xunta de Galicia, ha destacado que España, además de una crisis económica, sufre una crisis demográfica que requiere medidas concretas
También el consejero de la Presidencia del Principado de Asturias, Guillermo Martínez Suárez, se ha posicionado a favor de esa estrategia nacional y ha opinado que, una vez que los problemas están diagnosticados, procede tomar medidas para corregir desequilibrios.
Martínez Suárez se ha mostrado a favor de que haya medidas estén centradas en la conciliación y por el fortalecimiento de los servicios públicos en el medio rural para revertir los problemas de despoblación.
El consejero aragonés de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez, ha añadido que España necesita que el Gobierno lidere esa estrategia nacional ante un problema estructural que requiere la implicación de toda la sociedad.
A su juicio, uno de los principales ejes de esa estrategia debe ser conseguir más dinero de los fondos europeos para el medio rural.
También el consejero de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Clemente Checa, ha indicado que la despoblación no es solo un problema español, sino que «hay bastantes regiones europeas que representan problemas similares», por lo que es necesario «formar una línea común de actuación».
Checa ha apelado al principio de solidaridad del resto de comunidades autónomas y ha advertido de que, aunque todavía no presenten los problemas debatidos hoy en la ponencia, «tarde o temprano parece inevitable que les vaya a suceder».