La nueva ley va encaminada a hacer la vida más fácil a las 130.000 personas con discapacidad que hay en Castilla-La Mancha, un 6 por 100 de la población (hasta el 20 por 100 sin contabilizamos familiares y cuidadores) y su anteproyecto ha sido presentado hoy por el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, Ignacio Echániz, quien ha afirmado que en el Gobierno regional «nos creemos el asunto de la discapacidad, que estas 130.000 personas son nuestros vecinos y no van a ser los últimos de la cola, los vamos a colocar los primeros, van a pasar por delante del resto de ciudadanos en materia de derechos. Y para eso necesitan instrumentos legislativos y operativos en todos los órdenes».
Echániz ha indicado que Castilla-La Mancha «está a la vanguardia en políticas de capacidad tanto en España como en Europa y queremos seguir siendo la comunidad líder, porque esta ley va a ser la más avanzada y más completa, fruto del trabajo coordinado de todas las consejerías, además de destacar el papel que ha tenido el Cermi regional».
La aportación de la Junta será de 300 millones de euros cada año.
Una ley que como muy tarde estará aprobada y en funcionamiento en enero de 2015, que tendrá 87 artículos, dos disposiciones adicionales y otras cinco disposiciones finales, «la ley más moderna posible en materia de discapacidad a nivel nacional», ha aseverado.
SERÁ OBLIGATORIO UN INFORME DE IMPACTO DE DISCAPACIDAD EN TODAS LAS NORMATIVAS
Entre las novedades que presentará la ley destaca la obligatoriedad «de realizar un informe de impacto sobre la discapacidad en cualquier normativa impulsada por el Gobierno o por las Cortes, que contemplará todos los derechos de las personas que tienen algún tipo de hándicap o alguna situación de desventaja respecto al resto de los ciudadanos. Les vamos a poner en el primer lugar de salida».
Una ley que «apuesta por la promoción de la salud y por la prevención de la discapacidad y que, además, protege, sin fisuras, a las mujeres con discapacidad. El objetivo esencial es el reconocimiento jurídico expreso de estas personas, para que vivan su vida de forma plena y con la máxima dignidad».
Y si alguien vulnera los derechos de estas personas, ha insistido el consejero, «seremos muy beligerantes con quienes lo hagan».