Afectados por la ampliación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito, que afecta a los terrenos donde se construirá el almacén nuclear (ATC) de Villar de Cañas, se han constituido hoy en plataforma para defender por diferentes vías judiciales sus intereses.
El acto público en el que se ha informado de la puesta en marcha de esta plataforma, en la que se han integrado empresarios, agricultores, alcaldes y vecinos de la comarca de Villar de Cañas (Cuenca), ha tenido lugar hoy en el centro de día de Villar de Cañas.
Se da la circunstancia de que la constitución de esta plataforma se produce dos días después de la decisión del Gobierno central de paralizar el nuevo Plan de Residuos Radiactivos a la espera de conocer el futuro del ATC, al que se opone el Gobierno regional, que ha ampliado la ZEPA de la laguna de El Hito para frenar su construcción.
En la constitución de la plataforma ha estado presente la abogada experta en asuntos medioambientales y urbanísticos Pilar Martínez, quien ha sido la encargada de informar a los presentes de lo que conlleva para el entorno la ampliación de esta ZEPA, que pasará de tener 1.000 a 25.000 hectáreas tras la decisión adoptada el pasado mes de julio por la Junta.
Se les ha explicado desde la perspectiva de un propietario, un empresario o un ciudadano lo que significa estar dentro de una figura de protección de este tipo, a la que se ha acudido «para obtener un fin que parece que es de interés político: paralizar el proyecto», ha explicado la abogada a EFE.
Martínez ha explicado que, en el territorio protegido, surge «un derecho de retracto y de tanteo» sobre cualquier transacción que se haga de suelo o finca rústica o urbana a favor de la administración autonómica.
Y además, «supone la declaración de utilidad pública a los efectos expropietarios y entrar en un régimen de protección que limita cualquier actividad, uso o proyecto que se realice en este ámbito, que necesitará autorización expresa de la comunidad autónoma».
La abogada ha remarcado también que, aunque de momento se han constituido en plataforma, el principal objetivo es convertirse en una asociación para entablar acciones colectivas de defensa.
En este sentido, ha avanzado que plantean varias vías de defensa, entre ellas la «vía europea» porque creen que se está incumpliendo la normativa europea con esta ampliación «desproporcionada» hasta las 25.000 hectáreas.
También presentarán un recurso contencioso-administrativo, tanto para pedir la nulidad como por los perjuicios que se causan con la ampliación, según Martínez, quien ha señalado: «supongo que la administración autonómica habrá calculado el coste económico que esto conllevará».
La plataforma pedirá también responsabilidades personales a quien haya avalado o firmado una figura de este tipo en todos los ámbitos de la jurisdicción.