La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, ha manifestado su indignación y oposición frontal ante las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el ámbito de las administraciones públicas. En este sentido, ha anunciado la convocatoria de paros parciales en el conjunto de las administraciones durante los meses de julio y agosto, entre otras movilizaciones, y no descarta convocar una huelga en el mes de septiembre. El alcance de estas movilizaciones se decidirá este mismo viernes por la Comisión Nacional del sindicato.
CSIF considera que el nuevo recorte en las condiciones laborales de los empleados públicos responde a las nuevas medidas restrictivas impuestas a España por la Unión Europea, como consecuencia del ajuste en el sistema bancario, una situación que –según CSIF- no tiene nada que ver con el funcionamiento de nuestro sector público y el trabajo diario de cerca de 2,7 millones de empleados públicos de este país.
«Hablamos de policías, médicos, docentes, personal de juzgados de instituciones penitenciarias, enfermeros, carteros, personal de oficina y atención al público, servidores públicos y que todos los días se dejan la piel para mantener el nivel de calidad de los servicios públicos. No podemos consentir que la crisis sirva para desmantelar los servicios públicos», ha destacado el presidente del sindicato, Miguel Borra.
Además, para CSI-F las medidas anunciadas por Rajoy no inciden en el problema fundamental que ha lastrado las cuentas públicas durante los últimos años: la duplicidad de administraciones, el derroche en obras e infraestructuras (aeropuertos y autopistas infrautilizados) o las estructuras administrativas ineficientes (embajadas autonómicas en el exterior) .»No puede ser que los empleados públicos volvamos a ser los paganos y la caja de ahorros del Estado, cada vez que se nos anuncie una nueva mala previsión económica o un dato negativo», ha aseverado Miguel Borra.
Borra ha recordado que «llueve sobre mojado» y que los empleados públicos, a largo de los últimos tres años, arrastran una rebaja salarial del 5 por ciento (2010), dos congelaciones salariales (2011 y 2112), con una pérdida de poder adquisitivo del 21 por ciento, así como la amortización de plazas de personal jubilado y la no renovación de personal interino, lo que ha supuesto la destrucción de 160.000 puestos de trabajo. Todo ello, sumado a la rebaja de sueldos y el empeoramiento de las condiciones laborales en las administraciones autonómicas.
Por otro lado, CSI-F insiste en que en este país «no sobran empleados públicos». Así, mientras que enEspaña hay un empleado público por cada 15 ciudadanos, en Alemaniapor cada 18 ciudadanos y en Francia por cada 12.»No somos muchos. Estamos en la media», apuntó. Ahora bien, lo que «no tiene ninguna explicación la multiplicación hasta el infinito de empresas públicas que se ha producido en los últimos años para sortear la Ley».