Pese a las declaraciones del gerente y del consejero de Sanidad a los medios de comunicación tras las agresiones sufridas por trabajadores de urgencias en el Hospital de Talavera, CSIF ha denunciado que el Sescam «incumple gravemente sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales con la reducción de los servicios de vigilancia en las urgencias».
En nota de prensa el sindicato explica que el pasado día 7 de noviembre el director de gestión de la GAI de Talavera comunicó a los profesionales que atienden las urgencias del PAC de Talavera que se disminuían desde hoy mismo, 11 de noviembre, los servicios de vigilancia y seguridad en al menos 19 horas semanales.
«Imaginamos que esta es su forma de garantizar la seguridad de los profesionales que atienden las urgencias, haciendo caso omiso de las declaraciones vertidas a los medios ante las agresiones sufridas recientemente». CSIF denuncia públicamente la «absoluta contradicción» entre lo que declaran el consejero de Sanidad y sus gestores y lo que luego hacen.
«La verdadera realidad es que los responsables sanitarios de nuestra región incumplen sistemáticamente la normativa de prevención de riesgos y salud laboral, y que estos incumplimientos ocasionan daños en la salud de los profesionales, en ocasiones graves, que obligan a la baja por accidente laboral». Indica que prueba de ello son las continuas denuncias en la Inspección de Trabajo y las resoluciones de ésta calificando la actuación de la Gerencia de faltas graves e incumplimiento manifiesto de las leyes.
Ante las declaraciones de los gestores políticos, CSIF está investigando y reuniendo pruebas de cada violación de la ley que cometen para ponerlas en conocimiento de la Inspección de Trabajo y de los tribunales de justicia por atentado contra la salud de los trabajadores.
De momento, pese a la solicitud por escrito, «aún la Gerencia no ha informado a los delegados de la Junta de Personal y a los delegados de prevención de los hechos acaecidos en el Servicio de Urgencias; ha negado la información solicitada; y el Servicio de Prevención se ha negado a facilitar a los delegados de prevención las evaluaciones de riesgos de los trabajadores agredidos y el plan de emergencias y evacuación del Servicio de Urgencias del hospital».
Recrimina, por otro lado, que la primera medida haya sido reducir las horas del servicio de vigilancia y seguridad, de manera unilateral, sin informar a los representantes de los trabajadores y sin presentar justificación ninguna.
«Una vez más demuestran su talante, su falta de coherencia y el poco respeto que tienen por las leyes del Estado, incumpliendo las mismas sin rubor alguno, imaginamos que al amparo de una supuesta inmunidad política que deseamos se acabe pronto. Nadie puede estar por encima de la ley y un gestor profesional debe ser el primer garante de su cumplimiento».