El CSIF ha advertido del próximo decreto que publicará la Junta para que 945 médicos y enfermeros funcionarios opten a ser personal estatutario del Sescam o, de lo contrario, abandonar la sanidad y ha asegurado que esto supondrá «allanar el camino» a una futura privatización de la sanidad.
El presidente autonómico de Sanidad del CSIF, Juan Manuel Bahciller, ha explicado en rueda de prensa que el sindicato presentará un recurso cuando se publique este decreto, cuyo borrador ya ha sido aprobado en la mesa sectorial de sanidad y en la mesa de la función pública, en ambos casos con el rechazo de los sindicatos.
El decreto tiene su origen en el Real Decreto 16/2012, que está recurrido ante el Tribunal Constitucional por varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía y Cataluña.
Sin embargo, Castilla-La Mancha será la primera región que publique un decreto para desarrollar esta ley y, además, es una de las comunidades con mayor número de personal sanitario funcionario: en total 495 médicos y 450 enfermeros que, su inmensa mayoría, trabajan en los centros de salud de Atención Primaria.
El borrador del decreto, facilitado a los periodistas en la rueda de prensa, indica que los funcionarios que no soliciten la integración en el régimen estatutario antes del 31 de diciembre de este año mantendrán su régimen y permanecerán en su puesto de trabajo «hasta que sean adscritos a órganos administrativos que no pertenezcan a instituciones sanitarias públicas».
Bachiller ha calificado de «barbaridad» la pretensión del Gobierno regional y ha asegurado que no tiene «ninguna justificación económica» sino que «obedece a la ideología del PP, que no quiere funcionarios de carrera en el sistema público».
En su opinión, lo que está haciendo el Gobierno regional es «allanar el camino hacia la privatización de la sanidad», ya que es «más fácil» eliminar personal estatutario y laboral que personal funcionario.
El CSIF también ha dicho que ninguna comunidad autónoma ha tomado ya una decisión sobre esta materia ya que algunas lo han recurrido y otras, como Murcia, han convertido en estatutarias todas las plazas pero manteniendo el empleado su condición de funcionario.
Bachiller también ha asegurado que la sanidad pública de Castilla-La Mancha no se puede permitir perder estos 945 médicos y enfermeros de Atención Primaria, que implicaría «una reducción tremenda de plazas» y un «deterioro de la asistencia, sobre todo en el medio rural».
El CSIF ha preguntado a la Junta a qué plazas serían derivados los funcionarios que no renuncien a su condición, pero no han recibido respuestas concretas.
En todo caso, este sindicato estima que más de la mitad de estos 945 médicos y enfermeras quiere seguir siendo funcionario y, por tanto, abandonaría la sanidad.
Según datos aportados, un tercio de los médicos y enfermeros de Atención Primaria de Castilla-La Mancha son funcionarios, a los que afectaría directamente el decreto.
Juan Manuel Bachiller también ha asegurado que los funcionarios afectados por el futuro decreto están «bastante molestos» ya que en muchos casos llevan 30 años en la sanidad pública.