CSIF ha ganado en los tribunales de Justicia a la Junta de Cospedal y ha conseguido, mediante sentencia, que se anule el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que aprobó el Consejo de Gobierno en marzo de 2013 bajo gobierno del PP y siendo Ignacio Echániz consejero de Sanidad.
Ignacio Echániz, exconsejero de Sanidad con el Gobierno del PP, a la derecha de la imagen; a la izquierda, el también ya exconsejero de Presidencia, Leandro Esteban. Con ambos en el Gobierno se aprobó un Plan de Recursos Humanos del Sescam que ahora la Justicia ha echado para atrás.
El propio CSIF lo recurrió en junio de 2013 y dos años y medio después el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha dado la razón al sindicato. Un fallo «que afecta, potencialmente, a unos 1.000 profesionales del Sescam, a quienes afectó el cambio de nombramiento de personal de área a personal de gerencia de área», tal y como ha confirmado a encastillalamancha.es Juanjo García Cruz, presidente del sector de Sanidad de CSIF CLM.
El sindicato argumentó que el Plan «vulneraba la normativa en cuanto a movilidad geográfica de los trabajadores de acuerdo con el artículo 36 del Estatuto Marco del Personal Sanitario de las instituciones sanitarias».
Un fallo «que reconoce que se vulneran multitud de preceptos legales recogidos en la Ley 55/2003, del Estatuto Marco, de la Ley 7/2007 o del Estatuto Básico del Empleado Público, por lo que a la vista del expediente, el TSJCLM entiende que hay clamorosas omisiones de documentación para la aprobación de un auténtico Plan de Recursos Humanos».
Por ejemplo, «no existe una memoria justificativa motivada en la que se incluyan las disponibilidades y necesidades de personal, no se detalla cuáles son los efectivos con los que se cuenta para cumplir los objetiso del Plan, no se detallan las medidas necesarias para la transformación inicial en la que resulte acorde con la estructura del empleo público que se pretenda y las actuaciones necesarias al respecto, y por último, no existe un verdadero informe económico financiero, porque lo que se pretende que sea un informe económico financiero únicamente incluye pretendidos ahorros derivados de la amortización de plazas».
Entiende el Tribunal que «no nos encontramos ante una planificación sectorial de los servicios de salud, sino ante la regulación de un aspecto muy concreto, de un aspecto de la relación de servicio del personal, que es algo distinto».
Además, será la Junta de Comunidades quien tendrá que hacer frente ahora a las costas del juicio.
CSIF sabe, además, que «el Sescam (ahora bajo gobierno del PSOE) no va a recurrir esta sentencia porque está de acuerdo con el fondo de la cuestión que planteó CSIF».