La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha anunciado que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado autorizar la presentación del recurso contra el trasvase de 20 hectómetros cúbicos del 27 de julio.
Rueda de prensa ofrecida por la consejera de Fomento.
No sin recordar que «ningún miembro de la Junta fue invitado a la Comisión Central de Explotación en la que se aprobó dicho trasvase», la consejera ha detallado que el recurso está basado en dos principales argumentos. El primero de ellos es que no se respetó el umbral mínimo de 400 hectómetros cúbicos que debe tener la cabecera del río. Recuerda que el Ministerio dio la autorización basándose en las mediciones de agua que hizo el 1 de julio, mediciones que daban como resultado que en los pantanos de Entrepeñas y Buendía había 470 hectómetros cúbicos. Sin embargo, cuando al aprobarse había 420 hectómetros cúbicos. «Teniendo en cuenta que cuando se realiza un trasvase se pierde agua y hay evaporación, creemos que hubo vulneración de ese umbral».
En segundo lugar, a través del recurso, la Junta defenderá que cuando se hizo el envío de agua la situación del río se asemejaba más al nivel 4 (reservas inferiores a 400 hectómetros cúbicos) que al nivel 3 (reservas inferiores a 688 hectómetros cúbicos), que es el que tuvo en cuenta el Ministerio para autorizar los 20 hectómetros cúbicos, el máximo legal permitido. En este sentido, la titular de Fomento -contraviniendo los argumentos del Gobierno central- asegura que el trasvase «no fue motivado ni proporcional». «No fue motivado porque mientras el agua embalsada en la cuenca cedente estaba al 17 por 100, en la receptora estaba al 50 por 100». «Tampoco fue proporcional porque las reservas marcaban un 30 por 100 por debajo del nivel 3».
Por todo ello, el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha aprobado presentar este recurso «como única manera de hacernos escuchar». No obstante, De la Cruz sostiene que la apuesta de la Junta pasa por «buscar soluciones comunes» y «dialogar con todas las partes» porque «el trasvase, tal y como está planteado, tiene fecha de caducidad y no puede garantizar agua ni para Castilla-La Mancha ni para el Levante».
Si bien reconoce que el agua ya está enviada y no puede retornar a la cabecera del Tajo, sí considera que, de tenerse en cuenta en la Audiencia Nacional, sentaría jurisprudencia y pondría la situación del río en el punto de mira.
Sobre la propuesta que hacía la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera para que la Junta blinde el agua con espacios naturales u otras figuras de protección, aseguraba que, al ser el trasvase una infraestructura estatal, «no nos podemos plantear este tipo de actuaciones». Al mismo tiempo ha acusado al anterior Gobierno de Cospedal de haber sido cómplice de normativas que no benefician a Castilla-La Mancha y ha instado a los dirigentes del Partido Popular a ser «responsables y estar comprometidos con los ciudadanos de esta tierra».