La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha denunciado en un comunicado de prensa «la política indigna con las personas dependientes».
Durante la última semana «nuestra Plataforma denunció públicamente la denegación de la prestación económica en el entorno familiar, a pesar de la propuesta favorable de los trabajadores sociales que la recomendaban, a una niña de 15 años con un grado de discapacidad del 92 por 100 y valorada como gran dependiente con graves problemas de salud».
Según la Plataforma, «el Gobierno de María Dolores de Cospedal no sólo le denegó dicha prestación, sino que la derivó a una empresa privada que la prestara un servicio de asistente personal por la que la presupuestaron 1.500 euros al mes para, posteriormente, reintegrarle una parte mínima de ese dinero. Los ingresos de la familia ascienden únicamente a 1.000 euros».
Desde la Plataforma denuncian que «una representante del Gobierno de Cospedal, concretamente la Coordinadora de los Servicios Periféricos de Guadalajara con la que esta Plataforma ha intentado ponerse en contacto de forma infructuosa durante toda la semana, ha llamado a la familia de forma urgente para afearla la denuncia pública que habían hecho e intentar «arreglar» su caso». Según la Plataforma, en la entrevista «se le ha intentado engañar diciéndoles que no tendrían que pagar nada por el servicio de asistente personal».
Desde la Plataforma recuerdan que en el Real Decreto de 13 de Julio de 2012, «decreto que parece que está dispuesto a saltarse la señora Cospedal», establece: «Para aquellos solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia con anterioridad a la entrada en vigor del Real-Decreto ley 20/2012 de 13 de julio, respecto de los que no exista resolución administrativa de reconocimiento de grado y/o de reconocimiento de prestaciones, así como a los nuevos solicitantes les serán de aplicación las siguientes cuantías máximas: Grado 3: 715 euros al mes. Grado 2: 426 euros al mes y, finalmente, grado 1: 300 euros al mes.
«Queda demostrado las malas artes y el engaño con el que se está tratando de acallar la denuncia que tanto la familia como nuestra Plataforma están haciendo sobre un caso que deja desamparada a una niña gran dependiente de 15 años de edad intentando derivarla hacia una empresa privada que cobra por sus servicios 1.500 euros».