La organización agraria UPA de Castilla-La Mancha y la Plataforma de Regantes de la Cabecera del Segura han denunciado hoy que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) quiere que Albacete sea la «reserva estratégica de recursos de agua subterránea para Murcia», abriendo pozos de sequía en Hellín.
Así lo han asegurado hoy en una rueda de prensa el secretario regional de UPA, Julián Morcillo y el presidente de la Plataforma, Guillermo Sánchez Negrillo, que han advertido que ha calificado la actuación de la CHS de «un nuevo ataque perverso y dañino que discrimina a los regantes de Castilla-La Mancha«, según ha informado en una nota de prensa la organización agraria.
Han explicado que la CHS pretende abrir pozos de sequía en el acuífero Mingogil-Villarones, ubicado en la masa de agua subterránea «Pliegues Jurásicos del Mundo», en el término municipal de Hellín, en el desarrollo de dos proyectos que promueven varias comunidades de regantes de Murcia, entre ellas las de Totana, Alhama de Murcia, Librilla y Calasparra-Cieza.
Morcillo y Sánchez Negrillo han indicado que con ambos proyectos se pretende que, a través del vertido del agua bombeada al Río Mundo, estos recursos puedan ser consumidos por los usuarios del trasvase Tajo-Segura.
Estos proyectos afectan a unos 1.940 kilómetros de los 4.573 que tiene en Albacete la Confederación del Segura y que están declaradas en riesgo de mal estado cuantitativo, «lo que significa limitaciones, restricciones y pérdida de derechos de nuestros regantes», han afirmado.
En este sentido, Morcillo ha señalado que la Confederación del Segura por una parte declara en riesgo las masas de agua de las que dependen en mayor medida los usos agrarios en la cabecera del Segura, «imponiendo severas limitaciones a su aprovechamiento», y deja sin limitaciones «las que resultan adecuadas para trasvasar agua hacia Murcia».
De esta forma, «Albacete se convierte en la reserva estratégica de recursos de agua subterránea para Murcia», ha lamentado el secretario general de UPA Castilla-La Mancha.
Asimismo, Morcillo y Sánchez Negrillo han cuestionado la forma en la que se está tramitando la iniciativa, ya que la CHS «ha realizado un fraccionamiento artificial de un mismo proyecto al remitir dos expedientes distintos al órgano ambiental».
A través del primer proyecto se pretende extraer 7,46 hectómetros cúbicos anuales y través del segundo 3,972 hectómetros cúbicos, es decir que son dos proyectos gemelos, cuyo origen es el mismo acuífero y que se usarán para un mismo destino.
En consecuencia, Sánchez Negrillo y Morcillo han considerado que ambos proyectos deberían de haber sido objeto de un único expediente de evaluación ambiental.
Los dos implican la extracción del acuífero de más de 10 hectómetros cúbicos por lo que debería de tramitarse un procedimiento de evaluación ambiental ordinario, han precisado.
Pero al no haberlo hecho de esta forma, «la puesta en explotación de los pozos de sequía referidos sería claramente ilegal, violando la normativa sobre evaluación ambiental», han aseverado Sánchez Negrillo y Morcillo.
También han denunciado que «no se ha formulado consulta alguna a las Comunidades de Regantes de la Cabecera del Segura, ni organizaciones agrarias, con el agravante de que los proyectos no se han publicado».
A su juicio, esta circunstancia les genera «una posición de indefensión», ya que no han dispuesto «del plazo de 30 días que reconoce la ley a todas las personas interesadas para formular las correspondientes alegaciones en este trámite de consultas».
Por otra parte, entienden que tras el episodio de lluvias torrenciales «es innecesaria la puesta en explotación de los pozos de sequía incluidos en ambos proyectos» y han aseverado que «las memorias incorporadas a ambos expedientes resultan sesgadas e incompletas».
Según Morcillo y Sánchez Negrillo «no se evalúan los impactos que en el ámbito local producirá la puesta en explotación de los pozos de sequía», por lo que vaticinan que «desde una perspectiva socioeconómica, hidrogeológica y ambiental va a generar un conflicto importante».
Además, han rechazado «que se extraigan recursos subterráneos en un ámbito territorial que no tiene acceso a recursos externos (desalación y/o trasvase) a favor de otro ámbito territorial que sí cuenta con ellos».