Ecologistas en Acción valora el nuevo impuesto a los cotos de caza establecido por el Gobierno regional, especialmente a aquellos que tienen claros fines turísticos y comerciales, y considera que «ya va siendo hora de que el sector rinda cuentas de lo que realmente aporta a la economía». En nota de prensa, los ecologistas sostienen que, partiendo de la base de que la tasa actual es de sólo 0,2 euros por hectárea, «parece más que razonable que se produzca un incremento que se ajuste a los tiempos, máxime cuando el sector cinegético tiene a gala ofrecer grandes beneficios económicos».
Sin embargo, para la organización ecologista, esos beneficios económicos que aduce el sector de la caza y, en especial las asociaciones de productores, «no acaban de estar tan claros».
Y, en este sentido, argumentan que «hay muchas dudas de si los dineros de la caza tributan lo que deben y si son manejados con respeto a la legalidad laboral y económica».
En este punto, recuerdan el caso de Patxi Garmendia, un conocido gestor de cotos de caza en Castilla-La Mancha y el mayor productor de perdices de granja de España, que está imputado en la «Operación Emperador» por blanqueo de capitales.
A juicio de Ecologistas en Acción, también «es más que dudoso que los empresarios cinegéticos ofrezcan unas condiciones de trabajo dignas y tributen como deben a la seguridad social por los miles de jornales que acumulan guardas en las fincas y ojeadores en tiradas y monterías».
También destacan que «es sabido que la mayor parte de las grandes empresas cinegéticas pertenecen a titulares o empresas radicadas fuera de Castilla-La Mancha, por lo que los beneficios que reportan se alejan de este territorio, incluidos los millones de euros reciben de la PAC y del Feader».
A Ecologistas en Acción le llama la atención, en el contexto actual en el «todos los sectores económicos están siendo exigidos por las administraciones para que pongan de su parte», las reacciones «airadas» a este impuesto por parte del mundo de la caza, aunque sostiene también que la actuación del Gobierno regional «no ha sido correcta».
En este sentido acusa al Ejecutivo de haber actuado «de forma unilateral sin contar con la opinión de las entidades que forman parte del Consejo de Caza, olvidándose que la caza no es sólo una actividad económica, sino una actividad que tiene una notable incidencia sobre el medio natural.
También critican la reacción del PSOE, «que con su sobreactuación y sus posiciones desnortadas ha quedado en ridículo», afirma Ecologistas en Acción.
Y «a unos y otros, a Administración, a representantes del sector cinegético y a partidos», les pide «seriedad y que se abran a la participación «para abordar cuestiones espinosas como esta, pero sobre todo, que ofrezcan a la ciudadanía datos ciertos de la economía de la caza».