Los «Ecologistas en Acción» están «espantados» por la política medioambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha. «No sé lo que les ha hecho el medio ambiente a estos señores, me gustaría que se lo explicasen a los ciudadanos», comenta Miguel Ángel Hernández, portavoz de este colectivo conservacionista en Castilla-La Mancha. «Cualquier avance dado en los últimos años está siendo puesto en cuestión por este gobierno», añade.
Hernández añade sus críticas al estamento judicial: «Los fiscales jefes de las provincias no dejan que las fiscalías de medio ambiente funcionen. No dejan, y lo digo con pleno convencimiento, no ponen los medios ni dan el apoyo que se merecen los fiscales de medio ambiente… Hemos recurrido decisiones judiciales que activaban casos de envenenamiento de fauna porque el juez o jueza no se había leído el código penal», afirma.
¿Qué actitud ve Ecologistas del Gobierno regional en materia medioambiental?
Estamos espantados. No hay elemento de la política medioambiental que estén tocando que no sea para reducirlo a cenizas. Cualquier avance dado en los últimos años está siendo puesto en cuestión por este gobierno. Da igual el palo que toquemos, todo está en un proceso de revisionismo. No sé lo que les ha hecho el medio ambiente a estos señores, me gustaría que se lo explicasen a los ciudadanos. Es un activo de la región, y si se lo cargan, Castilla-La Mancha y su patrimonio asumirán las consecuencias. Menos mal que no tienen dinero, porque si no, destruirían lo poco que queda del patrimonio natural con proyectos como los que nos han llevado a la crisis.
¿Ve Ecologistas en Acción una suficiente sensibilidad medioambiental en los tribunales?
En esta materia, Castilla-La Mancha es un ejemplo de lo que no debería ocurrir. Ni en los tribunales, administrativos o penales, ni, sobre todo, en las fiscalías, se encuentra la sensibilidad ambiental suficiente para cumplir la función que se les exige de velar por la legalidad de las actuaciones. Hay honrosas excepciones, fiscales de medio ambiente y jueces, que se toman en serio su trabajo y, aunque con medios inadecuados y sin el apoyo de sus compañeros, intentan cumplir con su obigación. Pero la situación es más que preocupante y hay muchísimo que mejorar. Los fiscales jefes de las provincias no dejan que las fiscalías de medio ambiente funcionen. No dejan, y lo digo con pleno convencimiento, no ponen los medios ni dan el apoyo que se merecen los fiscales de medio ambiente. A veces sorprende que algunos tribunales desconocen que poner veneno es delito. Hemos recurrido decisiones judiciales que activaban casos de envenenamiento de fauna porque el juez no se había leído el código penal.
¿La venta de montes públicos, dada la falta de información, podría estar relacionada con la ley de Caza que la Junta está preparando?
Todo puede tener relación, ya lo veremos con el tiempo. Dicen que es para obtener dinero a fin de reducir el déficit público, pero a nosotros las cuentas no nos salen. Para este año están previstos unos ingresos de 45,6 millones por la venta de terrenos públicos en zonas no urbanas. Eso es un 0,6 por 100 de los ingresos de la Junta, pero en realidad los montes de utilidad pública son una hucha que genera economía e ingresos y que ha generado millones en subvenciones europeas que ahora quizá habrá que devolver. No se ha valorado el impacto negativo de la medida. Creemos que la medida aumentará el déficit público.
¿Sabe su colectivo cuáles serán las líneas maestras de la Ley de Caza?
La opacidad es total. Solo han dicho que trabajan en el cambio de la ley, pero no nos han pedido nuestra colaboración. Esta ley se está negociando en unos despachos muy concretos y con personas muy concretas.
¿Es cierto que se caza en un 90 por 100 del territorio y cada vez menos?
Sí, ambas cosas. Y hay una degradación general de las poblaciones cinegéticas. Hoy la caza se ha convertido en un tiro al blanco. A esta degradación de la actividad cinegéticase le une la obsesión del Gobierno regional por incentivarla. La caza en realidad genera un gran impacto ambiental y poco beneficios económicos.
Cambiando de tema. ¿Cómo ven la situación del Tajo en relación sobre todo al Trasvase?
La situación del Tajo no pueder ser más crítica. No hay disponibilidad de recursos y esta va a aumentar en los próximos años; las lluvias son cada vez menores en las cabeceras. Y a esto hay que añadir la sobreexplotación del Tajo: las demandas de agua están sobredimensionadas, lo primero con el Trasvase Tajo-Segura, pero también con las demandas para nuevos regadíos y abastecimientos urbanos. Y la Administración no cumple con su papel. No ha salido a información pública el Plan Hidrológico, y esto es por un bloqueo político y administrativo, el mayor de la historia. No hay Plan y veremos si lo hay. Y es que no hay agua para todos. El Tajo se desangra, está cada vez más dañado. Y debe haber un cambio radical en la población, ya que esta tiene que hacer una propuesta coherente de gestión de la Cuenca, si no, tendremos todo que perder.
A su paso por Toledo, ¿saben si se va a arreglar el colector del colector del Aserradero, que provocó un grave vertido y muerte de peces no hace muchos meses?
(Responde Roberto Oliveros, coordinador provincial):
Los que deben ponerse de acuerdo son todos los municipios afectados: Bargas, Toledo y Olías, a los que hay que incluir la Diputación. No hay que descargar la responsabilidad en uno solo, porque entonces ese se estanca y dice que hasta aquí. Tendrá que ser un acuerdo entre todos. Pero esta mortandad de peces fue solo un grano de arena, ya que el problema grave es la situación del Tajo, ya que vertidos como ese hay muchísimos a lo largo de la Cuenca.
Se cerró un grupo de ciclo combinado de la central de Aceca en Villaseca (Toledo). Ustedes lo demandaban desde hacía tiempo… Una buena noticia para su reivindicación, ¿no?
(Vuelve Hernández):
Se ha cerrado uno de los grupos, uno de los antiguos, el que daba más problemas. Pero quedan otros tres. Y la central sigue creciendo, aumentan la potencia instalada y la quema de combustibles fósiles, con lo que la contaminación y la dependencia energética respecto a terceros países se mantienen.
Respecto a la situación de la Sierra de San Vicente y el Valle del Tiétar. ¿Se logrará su protección?
Con este gobierno regional sin duda que no, porque no está por la protección de la naturaleza. En el primer caso se quieren legalizar todas las actuaciones urbanísticas anteriores. Pero no cejamos en lo que quieren muchos ciudadanos, que es proteger la zona. Solo estos dos parques naturales carecen de un espacio protegido. Este tema deberá repararse.
¿Cómo marchan sus dos recursos en contra de la descatalogación de tres refugios de fauna en Los Yébenes y Los Navalucillos?
Han sido admitidos a trámite por el TSCJM. El proceso puede ir rápidamente.
¿Hay en marcha un proyecto urbanístico lesivo para el medio en Burujón (Toledo)?
(Contesta de nuevo Oliveros):
Parecía que lo había, pero se ha clarificado que un restaurante pegado a la CM-4000 trata de ampliar su inmueble para aumentar unas 10 habitaciones, lo que nos ha tranquilizado. No parece que vaya a haber una urbanización gigantesca en las Barrancas.
(Matiza Hernández):
Pero el Ayuntamiento ha obligado a un desarrollo del Plan de Ordenación Urbana para ese sector que contempla la recalificación de mucho más terreno del que se necesita para la iniciativa comentada. Dicho Plan no es viable, pero sí el de mejora del establecimiento mencionado. El tema debe aclararse.
¿Han prosperado sus dos recursos contra el Ecoparque de Toledo?
Aún se están tramitando. El caso está en el TSJCM. Se va a valorar toda la tramitación, incluida la Declaración de Impacto Ambiental, punto que consideramos clave para probar la ilegalidad del vertedero. Ahora están terminando de declarar los peritos. Sobre el verano podría haber una sentencia.
Si la demanda fuera a su favor, ¿qué efectos jurídicos tendría?
Reclamaríamos que se eliminase el verdetero y que se restaurase todo el daño causado hasta la fecha, hasta las últimas consecuencias. Y pediríamos responsabilidades políticas.
Ya en la provincia de Albacete, ¿sigue adelante la intención de la Junta de que se pueda cazar en las Hoces del Cabriel y en los parques naturales?
Creemos que sí. Los planes de la Junta pasan por abrir a la caza cuantos más terrenos sea posible abrir, sin reparar en ninguna limitación. La Junta está obsesionada con beneficiar a la élite cinegética de la región. Pero hoy el secretario de Estado de Medio Ambiente ha anunciado que el Gobierno central descarta que se cambie la ley de parques naturales para que se pueda cazar en ellos. Que sigan el ejemplo.
¿Se puede atajar la práctica del fracking (muy báscamente, extracción de hidrocarburos horadando la tierra, una práctica, según los ecologistas, muy lesiva para el medio ambiente) en Castilla-La Mancha, como ha ocurrido en Cantabria?
Afecta a la provincia de Albacete, una parte de la de Ciudad Real (70.000 hectáreas en Campo de Montiel) y el norte de la provincia de Guadalajara. Esta técnica es muy agresiva e invasiva contra los acuíferos y el agua, poniendo en riesgo esta y los espacios naturales. Nosotros estamos promoviendo la declaración de zonas libres de fracking. La iniciativa está teniendo éxito en otras comunidades, como Cantabria. Queremos llevar la iniciativa a nivel municipal (vía presentación de mociones), de diputaciones y del Gobierno regional.
Ya en la provincia de Ciudad Real, ¿cómo se encuentra las Tablas de Daimiel (cuyo Acuífero 23 está sobreexplotado, según mantiene su colectivo) y las Lagunas de Ruidera (en las que se han denunciado proyectos urbanísticos descontrolados)?
Las Tablas están en un momento crítico, a pesar de la aparente mejoría de las últimas aguas abundantes. Están tan amenazadas o más que siempre: por la aprobación del Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana, que contempla el aumento de las extracciones de agua para el regadío sin entrar en los pozos ilegales y por el cambio de la Ley de Aguas por la Junta, que permite la compraventa de derechos de agua entre particulares en el Acuífero 23. También la Junta permite el aumento de la superficie de viñedo en espaldera, el cultivo que más agua consume.
¿Y las Lagunas de Ruidera?
Ni este gobierno ni los anteriores han puesto coto a las construcciones ilegales en el perímetro, a pesar de las sentencias que reconocían el dominio público de todo el ámbito.
Ya en la provincia de Cuenca, ¿hay posibilidad de impedir aún la instalación de la ATC?
Sí, radicalmente. Están abiertos todos los frentes de lucha. La mayor parte de la ciudadanía está en contra. Hemos tenido muchos apoyos. En el frente jurídico, toda una batería de recursos se ha opuesto a todas las resoluciones del Gobierno. Es una pelea de muchos, no solo nuestra.
Y en la provincia de Guadalajara, una reciente denuncia ha destapado un caso de corrupción ligado a la caza. ¿Creen que puede haber más casos?
Respecto al caso «Estipendio», sigue declarado el secreto de sumario y las investigaciones continúan abiertas. Nosotros estamos ultimando el proceso para la personación. Y creemos que no es un caso aislado, sino un reflejo de otras situaciones que se pueden dar en toda Castilla-La Mancha. Este caso debería servir de alarma para que se tomen medidas, pero la Junta no ha accedido a nuestra petición de auditoría sobre la tramitación de expedientes de caza en la Consejería.
Ha aumentado un 15 por 100 la superficie de tierra quemada. ¿A qué se debe? ¿Es un dato significativo respecto al resto de provincias?
No solo en esta provincia. El año pasado fue negro en la región. El clima no fue beneficioso, aunque esto ya es habitual. El problema es que han disminuido enormemente los medios dedicados a la prevención, vigilancia y extinción de los incendios (por los recortes, hasta un 40 por 100), lo que ha disparado los datos, el aumento de la superficie quemada. También ha habido una descoordinación en la gestión de los incendios por el cambio administrativo