La Consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha ha convocado para el martes 23 de septiembre al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA). El orden del día señala «dos puntos principales cuyo contenido expresa a las claras la mala gestión y el trato de favor al sector cinegético que guía el mandato de María Luisa Soriano al frente del medio ambiente regional», según denuncia Ecologistas en Acción en un comunicado de prensa.
En primer lugar, «se tratará de nuevo la modificación del decreto que regula la composición y funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente. Todo ello para dar carta de naturaleza a la reducción drástica de entidades sociales y expertos en el CAMA y a la integración de dos nuevos representantes del mundo de la caza a costa de la representación ecologista».
En segundo lugar, se aborda la desclasificación de seis zonas protegidas como refugios de fauna. La lista incluye los tres refugios de la provincia de Toledo a los que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha devolvió su condición de protegidos ante el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción. «En todos los casos hay serias sospechas sobre los verdaderos motivos que llevan a su descatalogación, sobre todo después de leer los categóricos argumentos de la sentencia del TSJ».
En ella el Tribunal señala que se ignoraron los informes de los servicios jurídicos que alertaban de la incorrecta tramitación del Decreto de desclasificación. Por otra parte observa en la Consejería «un ánimo de aprobar clandestinamente la norma».
Si a ello «añadimos que tras la desclasificación la Consejería primero regaló en la temporada 2012-2013 los aprovechamientos cinegéticos de los refugios a los ayuntamientos que son de su mismo color político y luego los subastó adjudicándoselo, al menos en uno de los casos, a una oferta que ofrecía menor rendimiento económico, se puede entender que haya serias sospechas sobre la gestión de la Consejería y más en concreto de su titular y del Director General de Montes y Espacios Naturales».
Por estos motivos, Ecologistas en Acción pedirá explicaciones y responsabilidades a la Consejera en la reunión del CAMA. En concreto se le preguntará, sobre porqué se ignoraron las indicaciones de los servicios jurídicos que revelan que el Decreto se habría tramitado a sabiendas de las irregularidades, sobre los criterios de adjudicación que llevaron a otorgar la caza del monte Cardeñosa a la familia Ibarra aún no siendo la oferta más ventajosa económicamente, y, en suma, sobre los verdaderos motivos de la descatalogación de los refugios.